La ‘vía legal’ reduce el número de presos de ETA de 703 a 297 en menos de siete años

Cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, el 20 de octubre de 2011, la banda terrorista tenía a 703 de sus militantes encarcelados en España (559) y otros cuatro países europeos y México (144). El pasado 20 de abril, tras conocerse el comunicado en el que anunciaba su próxima disolución, quedaban 297, según datos del Ministerio del Interior. Un 58% menos. En estos seis años y medio, la salida de reclusos etarras ha sido un goteo constante en el que ha influido la derogación, en octubre de 2013, de la llamada ‘doctrina Parot’, que había prorrogado hasta entonces la estancia en prisión de muchos de ellos. Salvo en el caso de los pocos que se acogieron a la Vía Nanclares de reinserción, el resto han sido excarcelados tras cumplir íntegras sus condenas. La práctica totalidad, sin haber disfrutado de permisos al estar clasificados en primer grado penitenciario, el más duro.

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La próxima disolución de ETA no variará su situación, insisten desde Interior. Los portavoces del ministerio —que rechazan facilitar cualquier tipo de dato sobre los presos etarras— contestan con el silencio cuando se les pregunta por un hipotético cambio en la política penitenciaria y se limitan a remitir a las declaraciones públicas de su titular, Juan Ignacio Zoido, quien en una reciente entrevista insistía en mantener la línea dura de dispersión y la negativa a conceder beneficios penitenciarios a los presos. Alfonso Sánchez, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), admite que admite que entre sus afiliados hay “distintas sensibilidades” sobre este tema, pero que la postura mayoritaria es “que se cumpla la ley sin un día menos de cumplimiento de condena”. E insiste en que no hay que olvidar que "aún hay un 40% de asesinatos sin esclarecer”.

Una postura con la que discrepan tanto el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu como diferentes colectivos de apoyo a las familias y los reclusos, que abogan por una flexibilización de la política penitenciaria para facilitar la convivencia en el País Vasco y Navarra. “Mariano Rajoy no va a hacer cambios en los próximos meses y, cuando los haga, estos serán mínimos”, reconoce un alto cargo del Ejecutivo de Vitoria. Joseba Azkarraga, exconsejero del Gobierno de Juan José Ibarretxe y promotor de Sare, plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos, coincide con esta previsión y se muestra mucha más esperanzado con la actitud de Francia, país en la que permanecen recluidos 53 etarras. “París ha dado ya los primeros pasos, trasladando a cárceles cercanas a Euskadi a presos a punto de cumplir sus condenas. Estoy seguro de que lo van a seguir haciendo”, añade.

Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, de los 243 etarras recluidos en España (215 hombres y 28 mujeres) solo estaban clasificados en segundo grado penitenciario 29. Del resto, uno estaba “sin clasificar”, 209 en primer grado o régimen cerrado y a otros seis —entre ellos, cinco preventivos— se les aplica el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en la práctica supone un régimen de vida idéntico al primer grado. Azkarraga apunta que tras el acto de disolución, la mayoría de los etarras que permanecen en cárceles españolas intentarán cambiar esta situación presentando escritos ante Instituciones Penitenciarias para pedir el acercamiento y progresar al segundo grado penitenciario, lo que les permitiría, entre otros beneficios, disfrutar de permisos y pedir destinos de trabajo dentro de las cárceles.

Ya lo intentaron hace unos meses, cuando el colectivo de presos etarras (EPPK en sus siglas en euskera) autorizó en junio de 2017 a los reclusos solicitar de manera individualizada cambios en su situación penitenciaria. Medio centenar de presos etarras lo hicieron, pero Interior se lo negó a todos. Entre otros argumentos, Instituciones Penitenciarias justificó su decisión en que los reclusos seguían “vinculados con la actividad de una organización terrorista aún no disuelta”. “Veremos que argumento utiliza ahora para negarse si a partir del fin de semana ya no existe esa organización terrorista en la que se escudó entonces”, destaca Azkarraga.

Paul Ríos, excoordinador de Lokarri, movimiento social pacifista que estuvo activo hasta 2015, también considera que, tanto para el acercamiento como para el futuro acceso a beneficios penitenciarios, la posibilidad más factible es la ‘vía legal’. En este sentido, recuerda un fallo del Tribunal Constitucional de 2016 en el que, si bien se rechazó la petición de acercamiento de un preso etarra, tres magistrados firmaron un voto discrepante en el que destacaban que, con la organización terrorista ya inactiva entonces, la justicia debía adaptarse a la nueva situación. Los tres jueces insistían en que la dispersión ya era en ese momento “innecesaria y desproporcionada”. Ríos cree que una vez se confirme la desaparición de ETA y que no hay posibilidad de vuelta atrás, “los hechos y el tiempo darán la razón a esta posición”.

Para el acceso al segundo grado penitenciario, Ríos propone recuperar la labor que durante la Vía Nanclares asociaciones como Lokarri hicieron con los presos de ETA dentro de las cárceles: “El Gobierno tendría que permitir que se pudiera explicar a los reclusos lo que supuso la violencia y lograr su rechazo real a la misma y que muestren empatía hacia las víctimas”. Todo ello, como primer paso para ese verdadero arrepentimiento que reclama el Gobierno como una de las condiciones —las otras son que hagan frente a la indemnizaciones a las que han sido condenados y que colaboren con la Justicia a aclarar los atentados sin resolver—que exige para modificar su situación penitenciaria. Sin embargo, el antiguo responsable de Lokarri se muestra pesimista con que el Ejecutivo de Rajoy dé pasos en este sentido: “Cuando el PP accedió al poder, cortó ese cauce y no parece que lo vaya a retomar”.

La situación de los presos con enfermedades graves también genera polémica. Tras la excarcelación en agosto de 2012 de Josu Uribetxeberría Bolinaga, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara­, por sufrir un cáncer terminal —falleció dos años y medio después de su puesta en libertad­— las críticas arrecieron contra el Gobierno y, sobre todo, contra el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Desde entonces, ninguno otro recluso de ETA ha conseguido la libertad o el régimen de semilibertad por causas médicas.

Sare detalla en sus informes que en la actualidad existen 11 casos de reclusos etarras que sufren en la actualidad enfermedades que justificarían su excarcelación. También asegura que hay otra decena que prefieren que no transcienda su estado de salud porque no lo saben ni sus familiares. En marzo, tras el suicidio de un etarra en la prisión de Puerto III (Cádiz), el Gobierno Vasco pidió a Rajoy el acercamiento urgente de esta veintena de internos. La respuesta desde Madrid fue el silencio. El presidente de la AVT incide en el cumplimiento de la ley de manera estricta también con los presos enfermos. “Debe estudiarse caso por caso. Si cumplen todos los requisitos, no seré yo el que levante la voz para oponerme, pero tampoco permitiré que se hagan ‘trampas’, como ocurrió en el caso de Bolinaga”, recalca.