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ETA desaparece sin resolver 224 atentados mortales

La mayoría de las acciones pendientes de esclarecer pertenecen a la época de los gobiernos de UCD, entre 1978 y 1982

Agentes de la Ertzaintza inspeccionan el lugar donde fue asesinado el concejal de Rentería Manuel Zamarreño, en junio de 1998. Ampliar foto
Agentes de la Ertzaintza inspeccionan el lugar donde fue asesinado el concejal de Rentería Manuel Zamarreño, en junio de 1998. ap

El 24 de junio de 1998, Manuel Zamarreño, concejal del PP de Rentería (Gipuzkoa), fue asesinado con una bomba adosada a una motocicleta cuando regresaba a su casa después de comprar el pan. Zamarreño, que había sustituido en la corporación al edil José Luis Caso, asesinado por ETA seis meses antes, recibió de lleno el impacto de la explosión y Juan María Quintana, el ertzaina que lo escoltaba, sufrió lesiones en un ojo. El edil había sido objeto de una atroz campaña de acoso en los meses previos al crimen: su coche fue incendiado y su nombre aparecía con frecuencia en pintadas en las calles dentro de una diana. La víspera del atentado su escolta le había dicho que se esperaba un ataque de ETA “inminente” en Rentería.

Este crimen no habría sido posible si quienes colocaron el explosivo no hubieran seguido a la víctima con atención durante semanas y si no hubieran recibido información de sus movimientos, probablemente de vecinos y compañeros de consistorio del concejal, quien había acusado a HB de facilitar datos de su antecesor Caso. Tampoco se habría cometido sin una infraestructura que proporcionara al comando el vehículo –comprado o robado, no se sabe– y los tres kilos de amosal que segaron la vida de Zamarreño.

Veinte años después, el asesinato coral del edil de Rentería forma parte de los 224 atentados mortales de ETA cuyos autores y cómplices no han podido ser juzgados. Las asociaciones de víctimas, con la AVT a la cabeza, calificaron de “farsa” el comunicado del pasado 20 de octubre en el que la banda decía sentir “de veras” el “daño causado”, mientras los terroristas –los únicos que realmente saben quiénes cometieron los crímenes- no asuman las responsabilidades para esclarecer los atentados pendientes de resolver.

Según el informe que elaboró en diciembre de 2011 el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, de esos 224 atentados mortales sin esclarecer, más de la mitad (128) fueron cometidos entre 1978 y 1982, durante los Gobiernos de UCD, en los llamados años de plomo. Otros 83 crímenes sin responsable ocurrieron entre noviembre de 1982 y marzo de 1996, durante la presidencia del socialista Felipe González, otros 12 fueron cometidos con el PP en La Moncloa (abril de 1996-marzo de 2004), y uno bajo la presidencia del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Este es el asesinato el 30 de julio de 2009 en Calvià (Mallorca) de los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada y Diego Salva, el último crimen de ETA en suelo español.

De los 26 crímenes sin esclarecer cometidos durante los 20 años anteriores a octubre de 2011, cuando ETA decretó el fin de la violencia, nueve han sido reabiertos al hallarse nuevas pistas y en cuatro se ha logrado el procesamiento y la condena de sus autores. El último fue el caso del comandante Luciano Cortizo, asesinado en León en diciembre de 1995. También se ha reabierto el caso de Manuel Giménez Abad, presidente del PP de Aragón, asesinado con tres tiros por la espalda en Zaragoza el 6 de mayo de 2001.

Buena parte de estos crímenes sin autor conocido han prescrito ya. Una de las pocas esperanzas que tienen los investigadores para resolver los más recientes reposa en los dos camiones con documentación, más de 300 armas y otros efectos incautados a ETA en Francia que las autoridades galas entregaron a España el pasado febrero en la operación Memoire vivante (Memoria viva). En ese arsenal, conocido como el archivo de ETA, figuran pistolas, lanzagranadas, revólveres cuyo examen podría arrojar pistas sobre alguno de los crímenes. El día en que fueron entregados, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, agradeció especialmente la labor de la exjuez francesa Laurence Levert.