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Los padres de menores que beban alcohol podrán ser sancionados

El Congreso propone duras medidas en casos de reincidencia

Varios policías disuelven un botellón en la plaza del Dos de Mayo, en Madrid.

La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas dio vía libre ayer al informe que tiene que servir de base para la futura ley del alcohol y que ahora recibirá el Ministerio de Sanidad. El informe, avalado por todos los partidos con algunos votos particulares y la abstención de ERC y PNV, propone medidas educativas, sociales y sanitarias para acabar con el botellón y sus secuelas en los menores.

El documento también incluye medidas económicas. El texto plantea que la ley contenga un régimen sancionador para los menores y sus familias, que deberá ser “proporcionado, reforzando los mecanismos punitivos ya existentes y tener una orientación educativa”. Pero en el caso de reincidencia grave, apunta el informe, siempre que se pueda demostrar “una actitud negligente de los padres o madres” y haya “evidente riesgo para el menor”, la receta del Congreso es que “se aplicaría la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico vigente para la protección del menor”.

La diputada Tania Sánchez, de Podemos, pidió que toda la carga punitiva no caiga sobre los padres porque lo que se deberían fomentar son medidas de conciliación familiar para abordar los problemas.

En ese sentido, en caso de sanciones económicas, la comisión apunta que la posibilidad de su cumplimiento alternativo mediante actuaciones formativas en las que participen tanto los menores como los padres o tutores. Estas actuaciones deberán diferenciar de forma exhaustiva los niveles de gravedad y tener en cuenta la reincidencia para no limitar la actuación a la sanción y activar medidas que eviten el empeoramiento de la situación.

Para que el procedimiento sancionador resulte eficaz, la comisión formula que se deben clarificar las competencias y dotar de recursos financieros, humanos, legislativos y materiales suficientes a las Administraciones competentes. Y no solo en la gestión de la sanción, “sino fundamentalmente en la función inspectora, preventiva de la infracción y de seguimiento de posibles medidas alternativas a las sanciones impuestas”.

En el informe se señala la necesidad de que las Administraciones mejoren el control sobre los puntos de venta de alcohol, limiten el horario de compra y aumenten las sanciones para quienes infrinjan la ley. Entre las medidas recomendadas figura clausurar cualquier tipo de local o comercio que venda o suministre alcohol a jóvenes de manera reiterada o revisar la legislación relativa a los puntos de venta, en relación con aumentar las sanciones a establecimientos que vendan fuera de horarios permitidos. Asimismo, se sugiere revisar la normativa relativa al consumo en la calle, aumentando las sanciones y la imposición sustitutiva de trabajos para la comunidad.

El documento también postula que parte de los impuestos al alcohol se destinen a la prevención y a las causas y consecuencias sanitarias del consumo en menores. Según la presidenta de la comisión, Carmen Quintanilla, toda la industria del entorno del alcohol apoya el informe porque se refiere “a la salud de las menores y a una demanda de los padres y de la comunidad educativa”.

Tasa cero

El informe aprobado ayer en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas también plantea la creación de un protocolo sanitario de coordinación de asistencia para los menores de edad que ingresen por haber abusado del alcohol. Lo que se busca es que cualquier incidencia quede registrada en su historia clínica. De este modo, consideran los parlamentarios, se podrían detectar de forma temprana posibles trastornos adictivos y facilitar su tratamiento en casos de abusos.

Pese a los votos particulares y las abstenciones de PNV y ERC, los grupos parlamentarios participantes en la comisión se felicitaron ayer por el “gran acuerdo histórico” que ha supuesto la aprobación de este informe sin ningún voto en contra. La presidenta consideró que con la ley se pondrá fin a los 6.000 comas etílicos de menores que se registran cada año.

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