¿Causa general? Otra majadería

La última novedad acuñada por propagandistas indepesestriba en que el Estado instruye una “Causa general” al secesionismo, al catalanismo, contra Cataluña.

Es una majadería... aunque algún neocentralista lo desease.

Lo es porque la mayor parte de los ciudadanos indepes viven sin inquietud judicial ninguna. Ni a Carod-Rovira, ni a Elsa Artadi, ni a Pere Aragonés, ni a Joan Tardà ni a Neus Munté ni a tantas decenas de miles de ciudadanos partidarios de la secesión se les ha abierto una causa judicial. Solo a quienes pudiesen haber incurrido en delito. No hay pues causa general, sino individuales.

Pero, además, para existir una causa general debiera mediar unidad de propósito e instrucción, y coordinación entre las distintas instituciones del Estado.

No la hay, por fortuna, aunque muchos lamenten la imagen de dispersión de entidades que deben anidar el mismo fin, pero lo hacen desde su particular función, visión y responsabilidad.

Así que el juez Pablo Llarena (del Tribunal Supremo) discrepó de las medidas cautelares extremas de la juez Carmen Lamela (de la Audiencia) y de su euroorden de detención contra fugitivos. Esta no halló violencia en el hacer del major Josep Lluís Trapero (y le procesó por sedición), pero su superior sí la oteó en los exgobernantes de la Generalitat (y les procesó por rebelión).

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no encuentra pagos presupuestarios irregulares desde el Govern, contra el criterio de la Guardia Civil y las sospechas de malversación formuladas por el juez. Los fiscales pidieron una recua de prisiones provisionales cautelares, que en ocasiones negaron los jueces. Y han acusado de terrorismo a dirigentes de los Comités de Defensa de la República, lo que desechó la judicatura.

Hasta el Tribunal Económico Administrativo Central —adscrito a Hacienda— ha concedido a la Corporación de la que depende TV-3 la posibilidad de deducirse 59,7 millones del IVA contra el criterio ¡del ministro!

No hay pues causa general alguna del Estado contra Cataluña, sino distintos enfoques de los implicados en la defensa de la legalidad. Como corresponde.

Esa idiota presunción de una nueva “Causa general” pretende revisitar la que instituyó la dictadura de Franco en 1940 (decreto de 26 de abril) contra los “hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”, tras la conspiración judeo-masónica-rojo-separatista.

Fue una operación doble: de recoger información para incoar procesos (“inquisitivos”, decían) y de propaganda. Una persecución universal de implicados “contra las personas o contra los bienes así como contra la Religión, la Cultura, el Arte y el Patrimonio nacionales”. Bajo una “unidad de criterio”, una “constante valoración de los hechos”. Y sometida a una disciplina hostil a la separación de poderes: dirigida por “el Ministerio Fiscal... por la unidad, disciplina y dependencia severas que informan su organización”. Todas las autoridades “tanto civiles [jueces] como militares” se sometían al fiscal, y éste al gobierno del dictador.

La Causa general contra los rojos duró tres décadas, hasta 1969. El chapucero intento de amalgamar los procedimientos judiciales actuales con aquellos busca asociar la democracia de hoy con el franquismo y apuntalar un victimismo inventado. Carece de razón histórica y política.