El Tribunal europeo aceptará una consulta del Supremo sobre la euroorden

El Tribunal Europeo de Justicia aceptaría una cuestión prejudicial del Supremo español sobre la aplicación de la euroorden por parte de los jueces alemanes en el caso Puigdemont. El presidente de la corte europea, Koen Lenaerts, ha asegurado este jueves en Bruselas que esa cuestión “sería admisible”, aunque ha reconocido que hasta ahora nunca se ha recibido una cuestión prejudicial de la administración de justicia que envía la euroorden. Si el Supremo pregunta, "en principio" habrá respuesta de Luxemburgo, según Lenaerts, extremo que hasta ahora se ponía en duda.

El Supremo anunció que el juez Pablo Llarena estaba planteándose preguntar a los jueces europeos si un tribunal regional alemán puede descartar el delito de rebelión en el caso del expresidente catalán. Eso paralizaría la euroorden, según fuentes judiciales, y proporcionaría tiempo a Llarena para replantear su estrategia procesal. Los juristas y los académicos dudaban de la viabilidad de esa consulta prejudicial, y se especulaba con que la fiscalía germana sugiriera al tribunal alemán que elevara una pregunta a la Corte europea. Lenaerts abre así la puerta a la cuestión por el flanco español, pese a que ha subrayado que no hay precedentes: normalmente es el juez que ejecuta la euroorden —el alemán, en este caso— quien plantea sus dudas a los jueces europeos.

En una rueda de prensa en Bruselas, Lenaerts ha apuntado que no hay discusión en la lista de delitos que exigen extradición automática. “Pero el derecho penal no está armonizado, y en caso de que haya diferencias sobre un delito que no está en esa lista, quien decide es el tribunal que ejecuta la euroorden, sobre la base de las leyes nacionales; ahí la Corte Europea de Justicia no puede entrar”. El presidente del Tribunal Europeo ha puesto el ejemplo de delitos como la eutanasia, el aborto o el juego. "Están tipificados como delitos en algunos Estados miembros y no en otros; y el tribunal interpreta leyes europeas, no el derecho nacional de cada país".

El Tribunal de Schleswig-Holstein necesitó poco más de 48 horas para resolver en sentido negativo la euroorden cursada por el Supremo pidiendo la entrega por los delitos de rebelión y malversación de Puigdemont. Los jueces regionales rechazaron la entrega por rebelión porque los hechos descritos en la orden de detención no resultan típicos conforme al delito de alta traición del Código Penal alemán. La discusión se ha centrado en torno a la violencia, que forma parte tanto del delito de rebelión en España como del de alta traición de Alemania, que exige que la violencia tenga entidad suficiente como para doblegar la voluntad de un órgano constitucional. Lenaerts ha evitado entrar en el fondo del asunto, pero ha dejado claro que el tribunal europeo aceptaría una consulta prejudicial.

Una operación arriesgada

"Una vez planteada, si hay dudas de interpretación no se va a poder ejecutar la euroorden hasta que se resuelva la duda, y el TJUE tarda una media de 15 meses en resolver prejudiciales, aunque existe la posibilidad de un procedimiento acelerado en el que puede resolverse en un plazo más breve, de entre tres y cuatro meses", señala Daniel Sarmiento, profesor de la Universidad Complutense y antiguo letrado del TJUE.

Para Sarmiento, el Supremo también asumiría riesgos en caso de acudir a dichas instancias. "Va a proporcionar al independentismo una plataforma europea de primer orden. Y si la sentencia no resuelve el asunto de forma claramente favorable a las tesis de Llarena, el revés a la justicia española vendrá no solo de un tribunal regional alemán, sino del propio TJUE".

En medio de las numerosas aristas que tiene el caso, la Comisión Europea ha querido dejar claro en todo momento que corresponde a los jueces valorar la situación. Esta semana, la comisaria europea de Justicia, la checa Vera Jourová, respondió a los eurodiputados de Esquerra Republicana de Catalunya Josep Maria Terricabras y Jordi Solé, y al del PDeCAT, Ramon Tremosa, que ni la Comisión Europea ni los Gobiernos “pueden interferir o influir” en decisiones judiciales relacionadas con órdenes europeas de detención y entrega a otro país.