Madrid pagó 100.000 euros al instituto del máster de Cifuentes por un libro con capítulos ya publicados

El Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que obtuvo su máster fraudulento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, percibió en 2007 un total de 100.000 euros de un ente público regional, el Instituto Madrileño de Administración Pública, por elaborar un libro colectivo sobre derecho público autonómico. El estudio, titulado Derecho Público y Administración de la Comunidad de Madrid y dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, contiene al menos dos capítulos ya publicados en una monografía sobre el mismo asunto coordinada por él cinco años antes, según ha comprobado EL PAÍS. Incluso el artículo introductorio del estudio, realizado por el propio Álvarez Conde, contiene párrafos enteros calcados de un artículo suyo presente en la obra de 2003.

La elaboración del manual en el que se han detectado los capítulos copiados casi íntegramente es fruto de un convenio firmado el 13 de abril de 2007 entre el catedrático Álvarez Conde, como director del IDP, y Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y, como tal, presidente del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP). El estudio, que buscaba conmemorar el XXV aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, fue coeditado por el propio IMAP y la editorial valenciana Tirant lo Blanch, especializada en libros jurídicos. La obra son dos gruesos volúmenes que suman 3.600 páginas y que tuvieron una tirada de 1.000 ejemplares en febrero de 2008.

Las cláusulas del convenio establecían que ningún capítulo tuviera más de 30 folios, que debían entregarse antes del 31 de mayo de 2007. De los 100 capítulos del libro Derecho Público y Administración de la Comunidad de Madrid, al menos dos están sacados de manera casi íntegra y con apenas actualizaciones menores del libro El Derecho Público de la Comunidad de Madrid, editado en 2003 por el IDP y el Centro de Estudios Ramón Areces con motivo del XX aniversario del Estatuto autonómico madrileño.

La extensión, estructura y enfoque de ambos libros es distinto, y algunos autores que realizaron un tema de la obra de 2003 se encargaron de un tema distinto en 2008. Sin embargo, en el segundo libro hay similitudes llamativas con el editado un lustro antes. Los capítulos que pasaron prácticamente sin apenas retoques de un libro a otro de Álvarez Conde son un estudio sobre Madrid como capital del Estado, firmado por Jesús Avezuela, entonces profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, y otro dedicado a la figura del presidente de la Comunidad de Madrid y que redactó Antonio Torres del Moral, catedrático de Constitucional de la UNED.

El capítulo introductorio del libro, sobre el Estatuto de Autonomía de Madrid, le correspondió al propio Álvarez Conde. El catedrático empleó pasajes enteros textuales del libro de 2003 para redactar la introducción de 2007, que no obstante, aporta algunas novedades y actualizaciones.

El convenio entre el exconsejero Granados, hoy principal imputado en el caso Púnica de corrupción, y Álvarez Conde, por el IDP de Universidad Rey Juan Carlos, establecía que al organismo universitario le correspondía “seleccionar a los autores y coordinadores de la obra”, “elaborar el esquema general” de la obra, “delimitar las materias”, “valorar la idoneidad de los capítulos”. Los pagos se realizaron de la siguiente manera, según se estipuló: 30.000 euros a la entrega del esquema general, 60.000 euros a la entrega de todos los capítulos, y 10.000 euros para la impresión “tras las correcciones que procedan”. El convenio recogía incluso la partida concreta del presupuesto a la que se imputaría el pago.

La obra analiza de forma exhaustiva asuntos como las fuentes del derecho autonómico, las instituciones de autogobierno madrileño, la relación entre las administraciones, o los medios financieros, recursos humanos y competencias de la Comunidad de Madrid. El acuerdo firmado entre Granados y Álvarez Conde establecía que “todos los trabajos” serían valorados por un “comité científico” designado por la comisión mixta de seguimiento del Convenio. En este organismo figuraban por la parte autonómica, el gerente del IMAP Rafael Plaza de Diego y Mercedes de la Infiesta. Por el lado universitario estaban Álvarez Conde y Manuel Arenilla Sáez, actual director del Instituto Nacional de Administración Pública.

Este periódico ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de Álvarez Conde sobre estos supuestos autoplagios. Los costosos libros para las arcas públicas, casi sin estrenar, se pueden consultar en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, de Madrid.