La Rey Juan Carlos suspende de funciones al director del máster de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha anunciado este viernes que suspende de sus funciones "como medida cautelar" al director del Instituto de Derecho Público (IDP), Enrique Álvarez Conde, responsable del máster que supuestamente cursó la presidenta regional, Cristina Cifuentes en 2012. También ha abierto expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de la presidenta en 2014, "implicada en las graves irregularidades detectadas", según una nota enviada por la Universidad. El caso está en la Fiscalía y el rector anulará el título de Cifuentes si se dictamina falsificación de documento público.

Que sea expedientada Amalia Calonge, vieja conocida de Cifuentes desde hace más de dos décadas, choca con la versión del primer día del rectorado, que atribuía a una "mala transcripción de las notas en la plataforma informática" que en dos asignaturas apareciese en julio de 2012 como no presentadas la entonces delegada del Gobierno. También ha cambiado el papel de Álvarez Conde, que pasa de ser el salvador de la URJC y de Cifuentes en la rueda de prensa del 21 de marzo, a ser el foco de todas las culpas. Distintas fuentes hablan ya de una "guerra abierta" entre Álvarez Conde y Ramos. Estas consideran que el rectorado quiere aislar las irregularidades y achacárselas al Instituto de Derecho Público, que tiene personalidad jurídica propia, cuando el problema afecta a toda la universidad que es a quien se paga la matrícula y expide el título.

Aunque el rector Ramos prometió compartir las conclusiones de la información reservada, no ha habido rueda de prensa y tan solo ha salido un vicerrector, Abraham Duarte, a resumir el comunicado en un minuto escaso. No ha aceptado preguntas. “El equipo de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente cualquier acto o situación irregular y esclarecer todos los hechos”, ha afirmado Duarte. 

El equipo de comunicación del campus no ha esclarecido las lagunas del informe del que no ha trascendido una palabra. El resumen ejecutivo de este documento son seis folios en los que apenas se detallan las medidas que se van a tomar. Ni una pista de las conclusiones a las que ha llegado la instructora de la investigación, Pilar Trinidad, que ha acudido pero no ha hablado en el Consejo de Universidad de hoy. A este cónclave, donde se han anunciado las medidas, estaban convocados 50 personas entre decanos, profesores, personal de administración y servicios y alumnos. 

La Universidad no ha anunciado ninguna sanción o expediente contra el catedrático Pablo Chico, que fue quien ordenó cambiar la nota de su asignatura a la funcionaria Calonge en 2014. Tampoco se sabe si la instructora ha exculpado o no a las tres componentes del tribunal que debía evaluar el Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes: la presidenta Alicia López de los Mozos, la secretaria Cecilia Rosado y la vocal Clara Souto. Y ni una mención sobre la presunta falsificación de firmas en asignaturas convalidadas a Cifuentes, el hallazgo o no del trabajo o de alguna de las actas. Parte de la investigación académica está judicializada después de que López de los Mozos confesara primero a la inspectora interna y luego ante la Policía que ella no formó parte del tribunal. Ni las otras dos implicadas ni Álvarez Conde han querido declarar estos días ante la instructora. Este hecho ha debilitado la labor de la inspectora y de los dos enviados por la conferencia de rectores (CRUE).

Álvarez Conde tuvo un ultimátum para presentar las cuentas del instituto

El Consejo de Gobierno se preveía muy tenso, pero no lo ha sido tanto. La bronca interna se ha pospuesto.  "Se entiende que es un momento de estar unidos, de depurar responsabilidades y refundar la universidad en el marco estatutario", ha resumido Adrián Escudero, catedrático de Ecología y miembro del consejo. "Todos somos conscientes de que hay disfunciones y hay que replantear muchas cosas". El más directo en su alocución ha sido Joaquín Rams, director del departamento de Matemática Aplicada, que ha pedido abordar el tema en el claustro. Su departamento, algo insólito en un campus en el que reina el silencio y el miedo, publicó el pasado miércoles un comunicado en el que reclamaban que se depurasen responsabilidades.

Ramos ha anunciado también "el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad", según la nota. Así la URJC pretende comprobar que la actividad de estos órganos se atiene a "la legalidad vigente y la ética profesional".  A Álvarez Conde, el rectorado le dio un ultimátum con un plazo de 48 horas para que presentara las cuentas del instituto. El plazo expiró este jueves. La opacidad de este centro es grande. Por ejemplo, aunque el IDP funcionaba desde 2001, Álvarez Conde anunció en 2012  en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que se iba a crear un fichero con los datos personales de los alumnos y los profesores que participasen en sus actividades. Llevaba una década sin hacerlo. 

 Si se confirma y hay sentencia firme, Ramos ha anunciado que se iniciarán los trámites para quitarle el título a Cifuentes.  Esta misma semana, la presidenta madrileña ha dejado esa posible dimisión en manos de Rajoy y ha señalado a su entorno que sopesa devolver el título a la Universidad.