Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los rectores constatan “irregularidades” en el máster de Cifuentes, del que faltan documentos

El presidente de las universidades señala que si la dirigente política no acredita su posgrado debe dimitir

Roberto Fernández, presidente de la Crue.

La Conferencia de Rectores, el grupo que aglutina al grueso de las universidades públicas y privadas de España, ha constatado las "graves irregularidades" en el proceso de obtención de máster del posgrado cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Es lo que ha señalado este miércoles en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid su presidente, el rector Roberto Fernández. De forma indirecta ha pedido además su dimisión. Sin referirse específicamente a ella, ha añadido que si un político, como cualquier otra persona, dicen tener un máster deben "garantizar que lo tienen o si no es motivo de dimisión de su cargo político".

Fernández ha hecho estas declaraciones en la comparecencia convocada para evaluar la investigación sobre el máster que lleva a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ha cerrado filas con el rector de la URJC, Javier Ramos, -del que ha señalado no obstante que se precipitó al comparecer el primer día del escándalo para avalar a Cifuentes-.

Apoyo cerrado a Ramos

"Inaceptable sombra de duda" sobre la Universidad

El presidente de los rectores, Roberto Fernández, ha sido contundente, aunque de nuevo sin dar nombres, con el papel que han jugado políticos del PP como Rafael Hernando, que señaló hace dos días, a propósito de la polémica sobre que otro cargo del PP, Pablo Casado, obtuviera un máster sin pisar la clase ni hacer ningún examen: “Serán los profesores y catedráticos los que tendrán que explicar si un título se obtiene yendo a clase o no. Los alumnos no tienen la culpa”. "Es increíble e inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española", ha señalado Fernández, "por defender de forma partidaria y partidista a su propia opción política". "Esa actitud manifiesta una mayúscula irresponsable frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático. Los universitarios les pedimos a diversas fuerzas políticas que mantengan a la universidad española al margen de sus legítimas contiendas políticas".

Los rectores apoyan también a la URJC en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado "indicios racionales de delito". Ramos cuenta con todo el apoyo de la conferencia "para llegar hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la justicia", lo que supone además un aval para que posterguen una investigación interna en la que faltan muchas claves por resolver.

Los dos observadores externos destinados por la conferencia de rectores para seguir la investigación abierta en la universidad madrileña —los inspectores Carmen Ruiz Llamas (Murcia) y José Ángel Contreras (Burgos)— han remitido un escueto informe de dos páginas en las que dicen que el procedimiento se ha llevado a cabo "correctamente" aunque añaden que en el expediente de Cifuentes "no obran" parte de los documentos necesarios. No han especificado cuáles ni ha despejado la duda sobre el paradero de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Las declaraciones que faltan

Y añaden que, una vez que el asunto fue enviado a la Fiscalía por la URJC, hubo declaraciones clave que no se han recogido. "No se han efectuado la totalidad de las comparecencias previstas", señala el informe que no aclara, no obstante, cuáles sí tuvieron lugar. La única que ha trascendido, y que provocó que el expediente fuera remitido a Fiscalía, fue la de la profesora Alicia López de los Mozos. Esta docente, como adelantó EL PAÍS, señaló que no había participado en ningún tribunal de defensa de TFM de Cifuentes ni la firma del acta en la que aparecía como presidenta era suya.

Ante la profesora que lleva el procedimiento de información reservada en la Rey Juan Carlos, Pilar Trinidad, y ante estos observadores —que han seguido el grueso de la investigación desde fuera de Madrid—  no han comparecido algunos de los protagonistas de lo ocurrido. Entre ellos, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del trabajo fin de máster de Cifuentes y director del Instituto de Derecho Público. Tampoco las otras dos profesoras implicadas en el acta amañada: Cecilia Rosado y Clara Souto. Ni la funcionaria que hizo el cambio de notas de la presidenta regional dos años después de que acabara el curso, Amalia Calonge.

Según el documento de la CRUE, ha sido porque los implicados pidieron aplazamiento -aunque Álvarez Conde aseguró en Onda Cero que no le habían dejado comparecer- o por la presentación de justificantes médicos que excusan a otros de la asistencia a la citación notificada -como hicieron las dos docentes citadas.

Un mensaje para los alumnos y trabajadores

Fernández ha querido también mandar un mensaje de tranquilidad a los alumnos  y trabajadores de la URJC. "La honorabilidad y el buen hacer profesional de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Rey Juan Carlos no pueden verse afectos por la presunta irregularidad de algún miembro de  la misma", ha dicho. "Y también manifestar de forma clara y rotunda, que los títulos de sus miles de estudiantes tienen el mismo rigor académico y el prestigio de cualquier universidad española".

Más información