El turno de Chaves y Griñán

El juicio de la rama política de los ERE encara esta semana su momento culmen con el inicio de las declaraciones de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los dos referentes históricos del socialismo llevan más de tres meses compartiendo asiento, codo con codo, acusados de diseñar y mantener un “sistema opaco” para conceder 855 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2010 desde el Gobierno andaluz, según el auto de procesamiento. Durante estas semanas, ambos exdirigentes han visto desfilar desde el banquillo a exconsejeros y ex altos cargos de la Administración autónoma. Ahora les llega el turno.

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El primero en declarar ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla será Griñán, quien fue consejero de Economía entre 2004 y 2009 antes de asumir la presidencia tras la llamada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a Chaves. Griñán afronta una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación continuada. "Está tranquilísimo", asegura su abogado, José María Mohedano. Las declaraciones de ambos expresidentes se inician cuando "se han aclarado algunas cosas en las sesiones anteriores", en palabras del abogado de Griñán, y ya no pesa sobre ellos la acusación por un delito de asociación ilícita, pedida únicamente por el PP pero rechazada por los magistrados al resolver las cuestiones previas. Junto a los expresidentes, están sentados en el banquillo de los acusados seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y 14 ex altos cargos.

Según las previsiones, la comparecencia de Griñán comenzará a última hora de la mañana de este lunes o al día siguiente. Tras la suya, seguirá la de Chaves, quien está acusado por prevaricación continuada y se enfrenta a una petición de 10 años de inhabilitación. "Estamos trabajando, trabajando y trabajando", se limita a apuntar el letrado de Griñán, quien añade que la defensa irá en la línea seguida ante el Supremo. En aquella ocasión, el expresidente defendió su inocencia con documentos oficiales que no figuraban en el sumario y que, entre otros argumentos, contrarrestaban las dudas sobre la legalidad de las transferencias de financiación para ayudas sociolaborales y su aprobación en cada presupuesto de la comunidad.

Tanto Chaves como Griñán, que en el pasado mantuvieron una estrecha amistad, se dieron de baja en el PSOE hace ahora casi dos años. Ambos ya habían abandonado la vida política tras su imputación por el Supremo. A mediados de junio de 2015, Griñán formalizaba la renuncia a su escaño como senador; y tres semanas después, Chaves hacía lo propio con su escaño de diputado. Al dar este paso, Griñán reconocía en una carta enviada a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "el dolor" que sentía al verse "en este trance 45 años de servicio presidido por la honestidad pública y el servicio al interés general". El juicio de la rama política de los ERE encierra una potente carga simbólica al cuestionar la supuesta opacidad y discrecionalidad de las políticas de empleo del Ejecutivo socialista, al frente de la Junta desde hace 35 años.

Los dos exlíderes declararon en el Supremo sobre este asunto en la primavera de 2015 debido entonces a su condición de aforados. Casi un año después, y tras ese viaje de ida y vuelta del sumario a Madrid, ambos comparecieron en Sevilla ante el juez instructor Álvaro Martín. Se limitaron a ratificar sus declaraciones ante el otro tribunal y se negaron a responder a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones. "Reitero, una vez más, que en los Consejos de Gobierno que presidí, durante mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía, nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal", defendía entonces en un comunicado Chaves, quien aseguró que nunca le llegaron los informes de la Intervención General que alertaban de la opacidad del fondo de los ERE. El letrado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, ha declinado hablar para este reportaje. 

El turno de Griñán llegará tras la comparecencia del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ya suma cinco jornadas y se ha dilatado después de que los abogados del PP pidieran que se leyera su declaración ante la juez Mercedes Alaya, quien instruyó el caso hasta 2015, debido a las "contradicciones" entre lo dicho entonces y ahora. Ante esta petición, en un primer momento, se aventuró que la comparecencia de los expresidentes se pospondría incluso a la próxima semana, otro retraso en un juicio para el que se necesitará un mes más de lo previsto inicialmente, por lo que acabaría en noviembre. Tras la declaración de los expresidentes, faltarían las del exsecretario de Empleo Juan Francisco Sánchez, las de casi 150 testigos y las de una docena de peritos.