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La Fiscalía investiga las acciones de los CDR como posible delito de rebelión

El ministerio público considera que los grupos de apoyo callejero a la república catalana “ponen en peligro el orden constitucional”

Miembros del CDR de Palafolls (Barcelona) bloquean las calles para evitar la salida de una procesión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado este lunes de que “ha impulsado (…) investigaciones penales de todo tipo” contra las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupos organizados surgidos en Cataluña para imponer, mediante acciones de diversa naturaleza, la independencia de esa comunidad autónoma tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los CDR se encuentran detrás de los cortes de carreteras y sabotajes a peajes de autopistas, las amenazas al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena o el acoso a partidos y organizaciones contrarios a la secesión.

Los Comités de Defensa de la República, alrededor de 300 en toda Cataluña, han reavivado y endurecido sus actuaciones tras la detención, el pasado 25 de marzo en Alemania, del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Tras el arresto del político, fugado de la justicia después de proclamar la independencia de Cataluña en el Parlament el 27 de septiembre, los CDR cortaron durante varias horas algunas de las principales carretaras de Cataluña, aunque se disolvieron antes de que los Mossos d’Esquadra llegaran a usar la fuerza. El pasado domingo, un piquete de CDR desmontó durante una hora las barreras de cuatro peajes de autopistas catalanas en plena operación retorno de Semana Santa.

La acción de estos grupos nacidos en la órbita de la izquierda radical y que en los últimos tiempos se han nutrido de simpatizantes de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, también se ha encaminado a presionar a los jueces. El mismo domingo en que Puigdemont fue detenido, Arran, la rama juvenil de la formación antisistema CUP, firmaba la siguiente pintada junto a la casa del magistrado del Supremo Pablo Llarena en Das (Girona): “Llarena fascista. Ni en Das ni en ningún sitio”, “Te esperamos”, “Llarena prevaricador”, “Los Países Catalanes serán tu infierno”. La pintada, realizada en el asfalto, vino seguida de una marcha, el pasado viernes, en la que participaron varios centenares de personas entre Alp y Das en la que el CDR de Cerdanya, pedía la libertad de los políticos catalanes presos. También tenían un mensaje para el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo: que allí no es bienvenido.

El acoso al magistrado y a su familia llevó al Consejo General del Poder Judicial a pedir al Gobierno que dé protección a Llarena y al resto de jueces y magistrados que ejercen en Cataluña. La Unión Internacional de Magistrados, que representa a asociaciones judiciales de 73 países, condenó estos “ataques contra la judicatura española”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que hay ya investigaciones abiertas contra las acciones vandálicas de los CDR. El ministerio público apunta que estas conductas “ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático” y “pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público”. La fiscalía no concreta ni cuántas diligencias de investigación se han abierto ni contra cuántas personas o por qué hechos concretos.

En un comunicado, la Fiscalía anunció que ante estas “intolerables acciones” ha “impulsado” investigaciones penales y “lo seguirá haciendo” si se siguen produciendo. Las actuaciones de estos grupos, señala el ministerio público, van “más allá de las meras y concretas acciones individuales”, pues, sostiene, “no puede obviarse el hecho de que con su actuar lo que se pretende es la subversión del orden constitucional, amparando y ensalzando con violencia a personas judicialmente investigadas por los más graves delitos que pueden darse en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la rebelión”.

Los Comités de Defensa de la República son la continuación de los Comités de Defensa del Referéndum, grupos que comenzaron a organizarse en julio, principalmente a través de Internet y aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, para impedir que el Estado impidiera la consulta ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre. Tras el referéndum, en el que se produjeron cargas policiales en toda Cataluña, los CDR se autoproclamaron defensores de la república, que consideran régimen vigente en la comunidad autónoma, y tuvieron un papel muy relavante en el “paro de país” del 3 de octubre, donde ocuparon infraestructuras como la estación del AVE de Girona. Aunque los grupos mantienen un núcleo de militantes antisistema, el perfil se ha ampliado a estudiantes, profesionales o jubilados.

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