La fiscalía de Bruselas alega que no hay riesgo de fuga y mantiene en libertad a Comín, Serret y Puig

La posible entrega voluntaria a la policía escocesa de la exconsejera catalana de Educación Clara Ponsatí —de prosperar las negociaciones que está manteniendo su abogado para su detención en aplicación de la euroorden cursada por el Tribunal Supremo— abrirá un procedimiento legal que puede demorarse meses. El primer paso sería la certificación de la orden europea de detención por la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), que se limitaría a comprobar si se cumplen los requisitos formales.

Se trata de un mero trámite que, de completarse —si no se ha completado ya—, llevaría a la comunicación a la policía de Escocia y a la detención de Ponsatí. Esto se produciría, como sugieren las declaraciones de su abogado, mediante una entrega voluntaria de la fugitiva. Una vez producida, deberá ser presentada ante la Sheriff Court de Edimburgo no más tarde del siguiente día hábil. Si la detenida consiente su entrega —lo que parece improbable—, esta se produciría en 10 días. En caso contrario, la Sheriff Court decidiría si la encarcela o deja en libertad provisional, y convocará la primera audiencia en los 21 días siguientes. Este plazo se puede prolongar hasta dos meses a instancias de la defensa. La vista de extradición puede demorarse otros dos meses.

La decisión que adopte la Sheriff Court podría ser apelada ante el Alto Tribunal de Justicia, suprema jurisdicción penal en Escocia, que no tiene plazo para pronunciarse. Excepcionalmente podría haber una segunda apelación ante el Tribunal Supremo de Reino Unido.

Los cuatro de Bélgica

En Bélgica la situación no es muy diferente. La fiscalía de Bruselas está en contacto con los abogados de los exconsejeros Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, pero los ha dejado en libertad porque entiende que “no existe riesgo manifiesto de fuga”. Comín, Puig y Serret llevan casi cinco meses en suelo belga. Tras la reactivación de la euroorden por parte del juez Llarena, la fiscalía de Bruselas ha reclamado “información adicional” a las autoridades españolas.

La fiscalía bruselense aclara que la nueva euroorden pone el reloj a correr desde el principio: no continúa el proceso anterior, iniciado el pasado noviembre, sino que comienza de nuevo. Los tres exconsejeros no han sido interrogados aún, aunque la fiscalía apunta que podría citarlos próximamente y que tanto Comín como Serret y Puig “están a disposición” de la autoridad judicial.