La juez manda al banquillo al alcalde de Alicante en una segunda causa judicial por prevaricación

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha sumado este miércoles su segundo procesamiento por un supuesto delito de prevaricación administrativa. La magistrada Patricia Romero considera que hay suficientes indicios para juzgarlo por despedir a la funcionaria interina del Ayuntamiento, Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, para vengarse del edil.

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El alcalde alicantino, que ya estaba procesado en firme por la Audiencia Provincial por el presunto fraccionamiento de 14 facturas de la Concejalía de Comercio, ha admitido hoy que se encuentra "hecho polvo" a raíz de lo que él considera un "linchamiento que no es normal". Mientras tanto, la oposición en bloque (PP, Guanyar Alacant, Ciudadanos y Compromís) ha reclamado de nuevo su dimisión inmediata.

La titular del juzgado de Instrucción 2 de la ciudad considera que el primer edil ordenó el despido inmediato de Catalina Rodríguez, una técnica de museos adscrita a la concejalía de Cultura, “careciendo de competencia para ello” y “sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada”. Había entonces otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el ayuntamiento, tres de ellos en la misma situación que Rodríguez, no ocupaban el puesto para el que fueron nombrados. Pero solo ella fue cesada.

Según el auto por el que se ordena la apertura de un procedimiento abreviado, esa circunstancia evidencia “la voluntad” de Echávarri de ejecutar una “represalia” contra el líder del PP por haberle denunciado junto a dos de sus asesores en Fiscalía por el supuesto fraccionamiento de los contratos de Comercio. De hecho, el técnico que recibió la orden directa del primer edil, pidió al alcalde que se lo hiciera por escrito, pero “se negó”, tal y como relata la magistrada, ya que era “consciente, sin duda, de la irregularidad del procedimiento”.

Otro de los indicios que recoge la juez en su auto es la conversación que el propio Echávarri mantuvo con el entonces concejal de Cultura, Daniel Simón, para comunicarle su decisión. Le dijo que el portavoz del grupo popular “iba diciendo” que el alcalde no podría ya pasear por la avenida Maissonnave (principal arteria comercial de la ciudad) con su familia “con la cabeza alta” y él debía “hacer algo” para responder a esa afrenta.

La magistrada Romero alega que el decreto de cese de la funcionaria, que fue readmitida a instancias del pleno unas semanas más tarde, “obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder”. Así, el procesado dio “apariencia de legalidad a su voluntad, que se erige como fuente del derecho” y ejerció “sus facultades de forma manifiestamente arbitraria”, concluye el auto.

Echávarri gobierna la corporación en solitario junto a otros cinco regidores socialistas desde el pasado mes de noviembre, cuando sus antiguos socios, Guanyar Alacant (confluencia de Izquierda Unida, Podemos e independientes) y Compromís, abandonaron el gobierno tripartito surgido tras las últimas elecciones municipales por su negativa a dimitir. El PP anunció la pasada semana una moción de censura, aunque carece de los apoyos necesarios para que prospere.

Echávarri ya ha dicho que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral y siempre y cuando le sustituya su número dos, Eva Montesinos, vicealcaldesa primera y concejal de Urbanismo. Hoy, tras conocer su segundo procesamiento, ha asegurado que siente "rabia y desamparo", pero también cuenta con "la fuerza de saber" que no ha hecho "absolutamente nada" ilegal.

El alcalde ha mantenido que no variará sus planes, por lo que no dejará el cargo hasta que se le abra juicio oral por el llamado ‘caso Comercio’. Según su versión, el despido de la cuñada de Barcala fue avalada por dos técnicos municipales y por el informe de la abogada municipal. En cualquier caso, considera que la decisión no causó “perjuicio” alguno a la afectada porque esta fue readmitida en su puesto.