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Fiscalía pide procesar también a Echávarri por despedir a la cuñada del portavoz del PP

Le acusa de prevaricar al ordenar el cese de una interina para vengarse de Barcala

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en el centro durante una comparecencia hace unos días.
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en el centro durante una comparecencia hace unos días. AGENCIAS

La Fiscalía cree que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, también debe ser juzgado por el despido de Catalina Rodríguez, una funcionaria interina que es cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala. El Ministerio Público ha pedido hoy su procesamiento por el delito de prevaricación administrativa que supuestamente cometió al ordenar, en abril del pasado año, el cese fulminante de esta empleada municipal, según fuentes de la institución. El fiscal José Llor sostiene que Echávarri pretendía vengarse así del líder de la oposición porque éste le había denunciado por fraccionar contratos en la Concejalía de Comercio.

Esa denuncia, a la que se sumaría luego Ciudadanos (C’s), ha terminado ahora con el procesamiento del alcalde y de dos de sus asesores. La Audiencia Provincial ha confirmado recientemente que los tres cargos públicos habrán de sentarse en el banquillo de los acusados como sospechosos de delitos de prevaricación y usurpación de funciones. Supuestamente, prescindieron de un concurso público y fraccionaron, como contratos menores, 14 facturas por un importe superior a los 144.000 euros paras la promoción de la gala navideña del comercio local y la imagen de los mercados municipales, en diciembre de 2016. Echávarri compareció ayer ante los medios para anunciar que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral por estos hechos si su número dos, la vicealcaldesa Eva Montesinos, recaba los apoyos necesarios para sucederle en el cargo.

En el marco del segundo proceso penal en el que se halla inmerso, el relacionado con el despido de Catalina Rodríguez, la Fiscalía ha pedido hoy mismo a la juez Patricia Romero que le abra procedimiento abreviado por prevaricación. El fiscal Llor considera que incurrió en una “desviación de poder grave” y adoptó una decisión “injusta” y “arbitraria”. “Puso en marcha los mecanismos administrativos del ayuntamiento” para asegurar su “represalia” por la actuación del PP y, en concreto, de su portavoz, Luis Barcala, razona el acusador.

La Fiscalía recuerda en su escrito que Echávarri se valió de su concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, para ejecutar esa venganza. Pero no aprecia un “dolo específico” en la actuación de dicho concejal, que también estaba imputado, por lo que pide que sea exculpado. En opinión del fiscal, Giménez firmó el cese de la trabajadora después de que sus técnicos le comunicasen que había una “base legal” para acordarlo. Y, sobre todo, por la “confianza” que le merecía el propio alcalde, quien enmarcaba ese despido en un proceso general de regularización del personal interino del ayuntamiento.

Aunque la corporación cuenta con casi medio centenar de trabajadores interino de la categoría conocida como “sin cargo a plaza”, Recursos Humanos solo despidió a la cuñada del portavoz del PP. Unos días después, Echávarri asumió en su perfil de Facebook la decisión en primera persona y admitió que la denuncia del líder de la oposición podía haberla “acelerado”. Tanto Guanyar (coalición de Izquierda Unida y Podemos) como Compromís, entonces socios de gobierno de los socialistas, se desmarcaron de la medida y permitieron con sus votos que el pleno forzara al primer edil a recular. La cuñada de Barcala fue readmitida a los pocos días, pero la Fiscalía ya había abierto una investigación que puede terminar en un segundo juicio penal para Echávarri.

La juez instructora, Patricia Romero, ha recibido ya la petición del Ministerio Público y deberá decidir mediante un auto en los próximos días si procesa al alcalde o accede a su petición de archivo. El delito que le atribuye provisionalmente el fiscal en este proceso es el mismo, prevaricación administrativa, por el que se encuentra procesado en el ‘caso Comercio’, y no comporta pena de prisión, pero sí de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.