Exteriores reduce en un 40% las becas de cooperación cultural
El Ministerio no convoca programas como las prácticas de gestión cultural en embajadas
![Fachada de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ES4PRFIYKLWG2QNAIXYFMTOQVM.jpg?auth=43037452b3673a177f5afba6b661a1deeca349f4ee044dee74ba5dd6dfd161bc&width=414)
![Javier Galán](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F35ee48c2-c075-4f98-b4e7-f0129dfee41b.png?auth=42e890369b02461d220ba2265558a2a350c637881a5eea65fe6193a85424e12f&width=100&height=100&smart=true)
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reducido en un 40% el presupuesto que dedica a subvencionar las becas de formación MAEC de arte, educación y cultura. De los 3,1 millones de euros que se destinaron para el curso académico 2017/2018 se ha pasado a 1,8 millones en el de 2018/2019, según la convocatoria publicada la semana pasada.
Estas becas sufragan estancias en organismos como la Real Academia Española, el Colegio de Europa o la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Un cambio sustancial ha supuesto que este año no se han convocado los programas de prácticas en gestión cultural exterior, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ni en los cuatro Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina. Un trabajador del Ministerio afirma que las becas en la AECID “han desaparecido y no van a volver”, pero que las otras se han suspendido mientras se “reforman”.
Las prácticas en gestión cultural, no convocadas, se entregaron el año pasado a más de 30 beneficiarios. Consistían en estancias en embajadas españolas como la de Bogotá, Indonesia o Mozambique, entre otras, además de en los servicios centrales. Las cuantías variaban entre los 1.000 y los 1.600 euros. Los otros programas desaparecidos no superaban la docena de becados.
En el curso 17/18 se beneficiaron de las becas de arte, educación y cultura 159 personas, según el registro actual de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, por un importe acumulado de 2,7 millones de euros. Ingresaron una beca de 17.300 euros de media para todo el curso. En el ejercicio 16/17 las recibieron 162 personas por un importe medio de 16.600 euros. De mantenerse un importe medio similar y ejecutarse los 1,8 millones en becas, serán unos 110 los beneficiados en esta convocatoria. El texto que la presenta establece que son “uno de los instrumentos más preciados de la política exterior española”.
Estas ayudas de formación, sin embargo, podrían reducirse más en los próximos años. El Ministerio preveía gastar 1,5 millones anuales en ellas, según el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020 de Exteriores, presentado el pasado febrero al Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta cantidad puede variar, al ser estimativa y depender de la planificación y la disponibilidad presupuestaria, como ha ocurrido en este primer ejercicio, cuando se han terminado presupuestando 300.000 euros más.
Este primer plan presentado por el Ministerio presupuesta cerca de 160 millones de euros anuales en subvenciones, dirigidas a pagar desde becas en el Instituto Cervantes o la Escuela Diplomática hasta centros de pensamiento o asistencia a españoles en situación de necesidad en el extranjero.
La partida más importante es la que se destina a la cooperación internacional “en desarrollo de la política exterior del Gobierno”, con unos 80 millones de euros, más de la mitad de todas la subvenciones presupuestadas. La siguiente partida, destinada a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen convenios de cooperación al desarrollo, dispone de 40 millones de euros en cada una de las cuatro anualidades que prevé Exteriores. En la lista inferior se reflejan todas las partidas previstas en el plan que regirá las subvenciones en los próximos años.
La exigencia de que los ministerios cuenten con este tipo de planes fue introducida por una Ley en 2003, cuyo reglamento fue aprobado por un Real Decreto tres años después. Con ellos se pretende que los poderes públicos reflejen los objetivos y efectos de lo que subvencionen, así como plazos, costes y fuentes de financiación.
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