Relegar la cooperación

Un año de trabajos, informes, comparecencias y consultas a expertos para acabar aprobando un plan de cooperación que solo cuenta con el apoyo del Gobierno y de las Administraciones autonómicas y locales controladas por el PP. El V Plan de Cooperación para el Desarrollo, que debe fijar los objetivos, estrategia y medios destinados a la cooperación en los próximos cuatro años, se someterá a la consideración del Congreso de los Diputados sin consenso y con la oposición del sector de las ONG y los agentes sociales, con la excepción de los empresarios.

El plan no concreta prioridades estratégicas claras, carece de ambición, es inconsistente en cuanto al desarrollo de las medidas previstas y no va acompañado de memoria económica ni compromiso presupuestario preciso. Tras años de recortes, la ayuda al desarrollo se ha reducido más del 70%. Lejos del objetivo del 0,7% del PIB marcado por Naciones Unidas y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, España apenas dedica a la cooperación el 0,12%. Varias resoluciones aprobadas en las Cortes fijan como objetivo para 2020 aumentar ese porcentaje hasta el 0,40%, pero parece lejos de poderse cumplir.

El presidente del Gobierno se comprometió en 2013 ante la Asamblea General de Naciones Unidas a que en cuanto se recuperara la economía, España volvería a invertir en cooperación de forma “generosa, inteligente y eficaz”. La economía crece a buen ritmo, pero ninguno de esos tres adjetivos es aplicable al plan que el Gobierno acaba de imponer con el voto de calidad del secretario de Estado en la votación del Consejo de Cooperación al Desarrollo, un organismo creado para garantizar la participación de Administraciones y agentes sociales. Si la cooperación es una de las principales herramientas de justicia social y proyección internacional de un país, España vuelve a perder una oportunidad de estar a la altura de lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico y social.