Sociedad Civil Catalana denuncia en Fiscalía el “espionaje” de los Mossos

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado este jueves una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona por el supuesto espionaje a que los Mossos d’Esquadra sometieron a sus miembros y a otros ciudadanos, como abogados y periodistas, contrarios al proceso independentista catalán. Estos marcajes y seguimientos quedaron patentes en la documentación que el cuerpo policial autonómico pretendía quemar en la incineradora de Sant Adrià del Besós (Barcelona) el 26 de octubre pasado, víspera de la declaración de independencia que desembocó en la intervención de la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución.

La entidad, presidida por José Rosiñol, recuerda la “evidente gravedad” que supone la “utilización de recursos públicos” para “espiar” a sus miembros y sus actividades. “Los hechos entrarían de pleno en actuaciones delictivas tales como la malversación de caudales públicos, la prevaricación, la revelación de secretos, la obstrucción a la justicia y la emisión de perseguir delitos”, entre otros, considera la denuncia, que se basa en el atestado policial sobre el contenido de las cajas que los Mossos pretendían destruir y en la información que publicó sobre este informe El Periódico.

En su escrito, SCC solicita al ministerio público que averigüe qué agentes de los Mossos hicieron los seguimientos y redactaron los informes sobre ellos, y que identifique también a todas las personas, funcionarios o no, que dieron las órdenes para realizar el supuesto espionaje. La entidad pide también que se ordene a los Mossos que entreguen al juzgado “cuanta documentación obre en su poder” sobre los seguimientos.

La asociación considera “lamentable” que se produzcan este tipo de acciones “en la sombra en democracia”. La entidad ha convocado una concentración en Madrid y una manifestación en Barcelona, los días 17 y 18 de marzo respectivamente, para reclamar que se respete la Constitución, el Estatut de Catalunya y todo el marco legal establecido, además de exigir la formación de un nuevo gobierno en Cataluña que represente a todos los catalanes.

Los documentos que los Mossos d'Esquadra pretendían quemar en la incineradora de Sant Adriá del Besós (Barcelona) contenían información altamente comprometedora para el cuerpo policial autonómico y agravan la situación judicial de su anterior jefe, Josep Lluís Trapero, y de los exlíderes de las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los papeles refuerzan los indicios que ya existían de la colaboración de la policía de la Generalitat con el independentismo y sacan a la luz una supuesta trama de espionaje.

Tras detallar los documentos recuperados en los que se hace referencia al espionaje ilegal sufrido por parte de los mossos a diferentes personalidades, el informe policial destaca que buena parte de los mismos fueron elaborados por agentes de la Comisaría de Información de la policía catalana. El documento policial destaca que este departamento dependía “directamente” del comisario Manel Castellví y que estaba “bajo las órdenes directas” del entonces máximo responsable del cuerpo, el mayor Josep Lluís Trapero.

El informe señala que las víctimas de estas actividades de espionaje fueron “partidos políticos, activistas políticos, personajes públicos o privados, entidades y plataformas perfectamente constituidas, todos ellos de marcado perfil ‘unionista’ o ‘constitucionalista’ a los que, como todo parece indicar, la Generalitat de Catalunya quería tener perfectamente controlados”. Los policías concluyen que el Governcreó un “auténtico departamento de espionaje ilegal” contra “personajes contrarios al proceso de secesión” a través del Cesicat.