Rajoy tilda de “broma” optar por un candidato preso

“Después de mes y medio, Puigdemont asume que no va a ser presidente de la Generalitat, algo que no hubiera sido posible sin la determinación del Gobierno de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esa burla a la legalidad vigente”. Esa fue ayer la reacción inmediata del Ejecutivo, reafirmado en la utilidad de haber aplicado el artículo 155 de la Constitución y en la de haber recurrido al Tribunal Constitucional para evitar que se pudiera votar la investidura del expresidente catalán por vía telemática o por persona interpuesta. “El Gobierno seguirá velando por el respeto a la legalidad, incluido por el uso correcto del dinero público. Un fugado de la justicia no va a vivir a costa del erario público”, añadieron desde el Ejecutivo, donde se considera “demencial” el plan que barajan los independentistas para crear en Bruselas unas instituciones paralelas al Govern de la Generalitat y dirigidas por Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia española.

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Que el líder de Junts per Catalunya renunciara ayer “de manera provisional” a su candidatura abre la puerta a que se desbloquee el inicio de la legislatura catalana. Sin embargo, el Gobierno no considera como una solución viable que la ronda de consultas que debe abrir ahora el presidente del Parlament, Roger Torrent, concluya con Jordi Sànchez como candidato. La presidencia de la Generalitat debe ser ocupada por un político sin problemas con la justicia, según reiteró ayer el Ejecutivo. Y ese no es el caso del expresidente de la ANC, en prisión provisional.

“Pido que se elija ya a un presidente de la Generalitat que no tenga problemas con la justicia. Todo lo demás, francamente, es una broma”, dijo ayer el presidente del Gobierno. “A mí, que elijan a quien quieran, pero creo que sería un error mayúsculo y sería dar un mensaje de ‘seguimos con el enfrentamiento’ elegir a una persona que tuviera problemas con la justicia”, añadió el jefe del Ejecutivo durante una entrevista en Telecinco. “Lo que tienen que hacer es elegir a una persona limpia, que cumpla la ley, y entre todos intentaremos construir y hacer cosas razonables”.

El Ejecutivo no puede hacer nada para impedir que los independentistas opten por Sánchez como candidato. Sin embargo, es probable que el juez Pablo Llarena —que instruye en el Tribunal Supremo la causa abierta por supuestos delitos de rebelión y sedicion contra los líderes independentistas— no conceda a Sánchez el permiso para acudir a la votación de investidura. Si el antiguo líder de la ANC está en prisión provisional por la posibilidad de que reincida en los delitos investigados, difícilmente se favorecerá que lo haga desde la presidencia de la Generalitat. De hecho, Sánchez ya vio cómo se rechazaba su petición de acudir al Parlament a tomar posesión de su escaño como diputado autonómico.

La fiscalía, en alerta

Al tiempo, el Gobierno siguió ayer con lupa todos los pasos que se dieron en la sesión plenaria del Parlament. Desde La Moncloa se interpretó que los independentistas renunciaran a ratificar la declaración unilateral de independencia como una demostración del impacto que está teniendo sobre su estrategia la acción combinada del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la fiscalía. El anuncio de que este último organismo estaba estudiando las “posibles implicaciones penales” de la redacción inicial de la iniciativa sirvió para detener su tramitación. Y una vez aprobada la resolución que reivindicaba la figura de Puigdemont y el referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ejecutivo comenzó un análisis para determinar si se había cometido algún hecho impugnable. Una “actitud vigilante” que comparte el ministerio público.

“La fiscalía seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudiera incurrirse”, informó el organismo dirigido por Julián Sánchez Melgar.

En la actualidad, varios miembros del Parlament se encuentran investigados por el Supremo por delitos de rebelión, sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia del día 27 de ese mismo mes.

Todos ellos manifestaron ante el juez Llarena que la declaración de independencia fue simbólica y a todos les advirtió de que su situación podría modificarse y volver a prisión si reinciden en las vías unilaterales e ilegales para lograr la secesión de Cataluña.