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Gibraltar amenaza con llevar a la Unión Europea a los tribunales por el derecho de veto de España con el Brexit

El Gobierno de Picardo estudia emprender acciones legales por quedar marginados en el acuerdo de transición hasta la salida británica

Paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea de la Concepción.
Paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea de la Concepción.

Algo se agrieta en la hasta ahora fructífera relación especial entre Gibraltar y el Reino Unido como consecuencia del Brexit. El Ejecutivo de Fabián Picardo se vio desagradablemente sorprendido de nuevo ante la confirmación, en el acuerdo de salida del Brexit oficializado por la UE, del derecho de veto para España y amenaza con llevar a la Unión Europea a los tribunales si esa posición se confirma finalmente.

El Gobierno de Gibraltar no encajó nada bien este pasado miércoles que la Unión Europea incluyese una nota a pie de página, en el proyecto de texto legislativo del Acuerdo de Salida del Reino Unido, en la que se mencionaba expresamente la llamada Cláusula 24 sobre que el "alcance territorial" de dicho pacto, “incluido el período de transición, debe respetar los párrafos 4 y 24 de las directrices de negociación del Consejo Europeo del 29 de abril de 2017, en particular en lo referido a Gibraltar”. Esa cláusula, que fue considerada un gran éxito diplomático y político para el Gobierno de Mariano Rajoy, otorga de hecho a España “derecho de veto sobre la aplicación del período de transición en Gibraltar, así como de cualquier acuerdo futuro entre el Reino Unido y Europa en relación con el Peñón”.

El Ejecutivo de Picardo reaccionó rápido en cuanto se conoció la consagración de ese texto y lo descalificó como “una vergonzosa afrenta a una pequeña nación británica en la que se votó a favor de seguir formando parte de la Unión Europea, con un 96% de los votos”. En Gibraltar no entienden qué necesidad tiene la UE, y también España, de remachar esa exclusión cuando se consideran una parte más del Reino Unido y cuando defienden que la preocupación de los negociadores debería concentrarse en avanzar en mejoras concretas para la población de ambas partes residentes en el campo gibraltareño y sus alrededor de 13.000 trabajadores transfronterizos.

España y el Reino Unido, de hecho, han mantenido ya en lo que va de año hasta tres reuniones técnicas de responsables de sus ministerios de Exteriores sobre aspectos muy concretos de cómo será la vida futura en la zona tras el Brexit, desde el uso del aeropuerto hasta posibles convenios de cooperación en ámbitos sanitarios y de distinto signo. Esas conversaciones avanzan por buen camino, según ambas partes, pero otra cosa es que España ni se plantea renunciar a su codiciado derecho de veto sobre el acuerdo del Brexit ante cualquier variación unilateral del estatus actual de Gibraltar. España ha llegado a amenazar con no firmar el acuerdo de salida del Brexit si se modifica esa posición.

Gibraltar defiende que el periodo de transición hasta la salida del Brexit debería ser una simple “continuación del actual ordenamiento jurídico de la Unión Europea” y, por tanto, debería afectar en todos los casos a su territorio. Y anuncian que la posible exclusión del Peñón es “un grado de discriminación legal y política” denunciable, por lo que movilizarán “todos los instrumentos” a su disposición, “sin importar las consecuencias que esto pueda tener para el progreso del Brexit en general”. Advierten, además, de que ya han recibido asesoramiento legal específico de destacados abogados británicos y fuentes oficiales precisan que esas acciones irían dirigidas contra la UE.

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