El Gobierno busca cómo garantizar el castellano sin cambiar el modelo catalán

No hay fórmula aún para conseguir que en Cataluña se refuerce la enseñanza del castellano, como pretende el Gobierno. Los técnicos trabajan para encontrarla antes de que empiece en abril el plazo de preinscripción para la escolarización de los niños catalanes en su primera etapa, así como para los cambios de colegio. Sí ha habido un pronunciamiento claro de que el Gobierno ni puede ni quiere cambiar el modelo lingüístico en Cataluña.

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La situación ya era confusa pero se ha agravado con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la forma en la que el anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, ideó para estudiar castellano en colegios catalanes: ayudas de hasta 6.000 euros para escolarizar en colegios privados. Ahora se buscarán fórmulas para cumplir el mismo objetivo que, al parecer, es reforzar la enseñanza del castellano pero "no cambiar el modelo". Así lo aseguró ayer el titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en el Congreso, y la titular de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en Más de Uno de Onda Cero. La sentencia del Constitucional será "tenida en cuenta" para arbitrar la forma en la que se puede reforzar la enseñanza del castellano ya que no vale la opción de que los padres busquen un colegio cuya lengua vehicular sea dicho idioma. A esa opción se apuntaron en los tres últimos cursos 150 familias pero solo 50 habían obtenido hasta ahora respuesta positiva. Ya se ha aclarado que no tendrán que devolver el dinero recibido.

A falta de que se arbitre una decisión acorde con la Constitución y el Estatuto catalán vigente, la controversia política se ha instalado, como ayer se apreció, en el Congreso de los Diputados por las preguntas de Joan Mena, de En Comú-Podem y de Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, desde posiciones diferentes.

La crítica al Gobierno desde los partidos políticos, salvo Ciudadanos y el PP, viene dada por si hubiera pensado aprovechar la vigencia del artículo 155 de la Constitución para cambiar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Esa fue una tendencia que se defendió internamente en el PP pero que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó tajantemente. La prueba de que no quería cambiar políticas de fondo se materializó en convocar elecciones para dos meses después de activar ese artículo constitucional. A diferencia de lo que los partidos nacionalistas denunciaron preventivamente, el Gobierno central ha gestionado el día a día de cada consejería pero sin cambios ni orientaciones políticas diferentes.

Reforzar

La defensa ahora de la necesidad de reforzar la enseñanza del castellano la justifica el Ejecutivo por los incumplimientos de la Administración catalana en esta materia aunque otras fuerzas políticas interpretan que el avance de Ciudadanos empuja esta iniciativa. En los tres últimos años, el Gobierno central ha interpuesto recursos sobre la regulación de la enseñanza en castellano al considerarla insuficiente.

No se sabe si los padres tendrán la oportunidad de elegir entre dos o más opciones, aunque hacerlo no tiene muchos defensores. La ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, dijo que no se trata de que "pueda haber o no casilla" sino de que se busque garantizar el derecho de los padres a que el castellano esté presente y no solo como una asignatura. La solución debe estar a tiempo para la preinscripción de los alumnos, que empezará en el mes de abril, un mes después de lo que es habitual.

De entrada, el ministro de Educación pidió ayer a la Administración educativa catalana que cumpla "las sentencias que dicen que el castellano también es lengua vehicular y debe ser enseñado en una proporción razonable". En su opinión, un 25% de las asignaturas troncales.