Granados estudia dar datos al juez sobre la caja b del PP de Aguirre

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y principal imputado del caso Púnica de corrupción, está estudiando modificar su línea de defensa y aportar al juez instructor, Manuel García-Castellón, algunos datos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2007 y 2014, según fuentes jurídicas. Granados comparecerá el próximo 12 de febrero a petición propia ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Las mismas fuentes apuntaron que su intención primordial es contrarrestar las confesiones de su antiguo amigo el constructor David Marjaliza, que le ha inculpado repetidamente en los últimos meses. Granados también está dispuesto a dar información útil para la pieza 14 de las 16 que componen el macrosumario, en la que se investiga la caja b del PP madrileño en la época en que estuvo presidido por Esperanza Aguirre.

Granados, ex secretario general del partido en Madrid, fue detenido en octubre de 2014 al destaparse el caso Púnica y salió de prisión el pasado junio tras depositar mediante avales una fianza de 400.000 euros. En diciembre de 2016 ya declaró a petición propia ante el anterior juez instructor, Eloy Velasco, aunque entonces se limitó a defender su inocencia, rechazar que tuviera fondos ocultos en el extranjero y negar que los apuntes escritos en una agenda que le fue intervenida en el registro de su casa correspondieran a entradas y salidas de dinero de una caja b del PP. Esa financiación paralela se nutrió supuestamente con fondos aportados por empresarios adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad de Madrid.

Según los datos de este cuaderno, Granados se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la constructora OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado supuestamente a la caja b del PP madrileño para financiar las elecciones autonómicas de 2011 o europeas de 2014. López Madrid es yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, y que este jueves fue citado como imputado en esta pieza del caso Púnica por el juez García-Castellón.

La extensión y profundidad de la declaración de Granados el próximo 12 de febrero todavía es una incógnita. El expolítico todavía la está preparando con su abogado, Javier Vasallo, según fuentes jurídicas. Lo que no existe, al menos por ahora, es ningún pacto, acuerdo o negociación con la Fiscalía Anticorrupción para que este realice una confesión.

En las últimas semanas, el PP ha recibido varios reveses de sus antiguos dirigentes a cuenta de la financiación. El pasado 24 de enero, el exsecretario del PP valenciano Ricardo Costa reconoció que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. El montante ascendía a 3,4 millones de euros.

En diciembre, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, afirmó ante el juez del caso Bárcenas que durante el tiempo que permaneció como consejero en el Gobierno regional —entre 2003 y 2012— el extesorero del partido Álvaro Lapuerta controlaba los grandes contratos de diferentes departamentos y sugería que fueran adjudicados a empresas donantes del partido. No obstante, él dijo que cuando llegó a la presidencia dio instrucciones a sus subordinados para que no atendieran estas supuestas presiones.