Cataluña, tras el 21D: Dudas e incertidumbres de una sesión de investidura

El expresidente catalán no puede ser investido desde el extranjero (permanece en Bélgica desde el pasado 30 de octubre),según ha dictaminado el Tribunal Constitucional, porque se le ha denegado la posibilidad convertirse en presidente de los catalanes por vía telemática; tampoco por voto delegado. La prohibición se extiende a los demás exconsejeros de la Generalitat que se encuentran fugados en la capital belga. 

Las opciones con respecto a la celebración, aplazamiento o suspensión del pleno de investidura son múltiples:

Investidura telemática: Si el independentismo, que tiene mayoría en la Mesa del Parlamento catalán, persiste en sus planes, hace caso omiso al Constitucional y fuerza una investidura telemática de Puigdemont, estará infringiendo la ley.

• Posible respuesta: Si esto se produce, se da por hecho que algunos grupos de la oposición advertirán de ello y reclamarán que se suspenda el pleno hasta que el candidato cumpla con lo dispuesto por la justicia. Si la Mesa persiste en su intención de continuar adelante con la sesión, estará servido el argumento para la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno o de alguno de los grupos parlamentarios.
  
  

Si el expresident regresa a España: Sobre Puigdemont pesa una orden de detención en cuanto pise suelo español. Para acudir al pleno del día 30, el expresident necesitaría la autorización judicial del Juez Llarena (personándose ante él), al encontrarse incapacitado para hacerlo por escrito. Puigdemont buscaría de esta manera el permiso de Llarena para acceder a la sesión parlamentaria, un punto muy improbable tras las duras declaraciones emitidas por Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, que ha calificado de “monstruosidad” la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir el acto de investidura si no lo autoriza previamente el Supremo. Después de las elecciones del 21-D, Cuevillas aseguró que “la única opción para investirle es volver, aunque eso suponga su detención”.

Si el juez Llarena le da permiso y queda en libertad provisional: Puigdemont ocuparía su escaño en el Parlament como un diputado más y comenzaría la sesión de investidura. En una primera votación harían falta 68 diputados (mayoría absoluta) para que fuese investido, siempre que la CUP asegure sus cuatro votos. En la actualidad, los independentistas sumarían los apoyos necesarios, gracias a la renuncia como diputados de los exconsejeros Serret, Puig y Ponsatí, con lo que conseguirían llevar a delante el pleno de investidura en su primer intento. Si no fuera así, se llevaría a cabo un segundo intento que sería validado con una mayoría simple.

Si el juez Llarena no le concede el permiso: En este caso, Puigdemont ingresaría en prisión y compartiría situación procesal con el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Forn y los Jordis. Además, el Tribunal Supremo ha rechazado la excarcelación de Oriol Junqueras y Jordi Sànchez para acudir al pleno de investidura al considerar que sigue habiendo peligro de "manifestaciones violentas" que pongan en peligro la convivencia ciudadana.

Encarcelamiento e investidura presencial: Otra posibilidad es que Puigdemont regrese y, tras ser encarcelado, pida al juez un permiso para leer su discurso ante la Cámara. Existe el precedente de Juan Carlos Yoldi, el preso de ETA al que Herri Batasuna presentó como candidato a lehendakari en 1987.

No hay investidura de Puigdemont: Si se anula el resultado de una probable votación de investidura —es decir, la elección de Puigdemont como presidente de la Generalitat— se pondría en marcha el reloj y la previsión del artículo 67.3 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat, que establece un plazo de dos meses para investir a otro presidente.

Junts per Catalunya seguramente querría presentar como candidato a otro diputado de su lista, mientras que ERC defendería que, una vez demostrada la inviabilidad de la presidencia de Puigdemont, habría llegado la hora de reivindicar la alternativa de Oriol Junqueras, el exvicepresidente destituido. El líder de ERC está encarcelado, pero podría ser puesto en libertad —como lo fue el etarra Yoldi— para someterse de manera presencial al debate de investidura. Incluso puede suceder que se le concediera la libertad provisional.

Elecciones. “Si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato es elegido, el Parlament queda disuelto automáticamente y se convocarían elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria”, dice el artículo 67.3 de la citada ley. En este escenario volvería a ser Mariano Rajoy quien convocara las elecciones, como ya sucedió con la cita el 21 de diciembre, porque seguiría operando el artículo 155 de la Constitución.

Tiempo muerto. Si lo que anula el Constitucional es la votación misma de la investidura (no solo su resultado), el reloj no se pondría en marcha y se entraría en una situación de tiempo muerto indefinido insólito en democracia. Sin la premura del calendario, las discrepancias en el independentismo podrían aflorar sin contención ante la imposibilidad de consensuar un nombre. No parece que Junts per Catalunya y ERC, con el apoyo de la CUP, quieran llegar a ese momento, pero si se descartan Puigdemont y Junqueras no será nada fácil encontrar un nombre de consenso.

Pendientes del juicio. Si, pese a todo, se invistiera un presidente de la Generalitat, pesaría sobre él y todos sus consejeros la espada de Damocles de la causa judicial en el Tribunal Supremo. Es probable que en primavera esté instruida la causa y que en otoño comience el juicio. El escenario de penas de prisión e inhabilitación, al margen de los delitos que se atribuyan a los acusados, no parece nada descartable. La Generalitat podría ser ingobernable. En ese caso, la ley permite convocar nuevas elecciones una vez transcurrido un año de la última convocatoria.