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Rajoy acude al Tribunal Constitucional para evitar “el mal mayor de Puigdemont”

Si el tribunal admite este sábado el recurso, la candidatura del expresident quedará automáticamente suspendida

La vicepresidenta del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido asumir su diferencia de criterio con el Consejo de Estado respecto a la impugnación de la investidura de Carles Puigdemont con tal de evitar “un mal mayor” y que se consume un hecho con “un daño irreparable”. Todo eso ocurrirá, según el Gobierno, si se permite que el martes se vote su investidura, en persona o por delegación, por lo que ayer recurrió esa candidatura ante el Constitucional. Si el tribunal admite este sábado el recurso, aunque no entre aún en el fondo, la candidatura del expresident quedará automáticamente suspendida.

“Utilizamos esta prerrogativa para evitar que continúe adelante la candidatura de Carles Puigdemont y produzca un daño irreparable”. Esta fue una de las afirmaciones que ayer formuló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareció con el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó acudir al Constitucional para evitar “males mayores”.

Así, la vicepresidenta quiso asumir en primera persona la decisión anunciada por ella misma el día anterior, cuando dio cuenta de la intención de este recurso sin prever que el Consejo de Estado iba a manifestarse en contra. El órgano consultivo rechaza actuar jurídicamente en este momento, cuando aún no se sabe si Puigdemont aparecerá en España para ir al Parlament o si su candidatura la defenderá otro diputado.

Pero nada de eso quiere el Gobierno que ocurra. El Ejecutivo no quiere verse en el trance de que esa candidatura sea votada, quede reflejado que Puigdemont obtiene los votos suficientes para ser investido presidente y, a continuación, empezar el trámite de impugnar todo el acto ante el Constitucional. Así iba a ser antes de que el Gobierno considerara que sí tiene asidero para impedir ese pleno y esa votación.

“Tenemos el deber constitucional de hacer todo lo legalmente en nuestra mano para evitar que la legalidad se vulnere, con todo el respeto al parecer del Consejo de Estado”, argumentó la vicepresidenta. El informe del consejo es obligatorio pero no vinculante.

Candidato fugado

Puigdemont está fugado de la justicia, y pesan sobre él presuntos delitos muy graves, por lo que carece de sentido que pueda ser sometida su candidatura a votación, ya que no tiene libertad de movimiento porque al regresar a España sería detenido. Estos son los argumentos que ahora maneja el Gobierno para pedir al Constitucional que atienda su impugnación de esa candidatura concreta. Aunque no de otra. El pleno del Parlament, subrayó Sáenz de Santamaría, puede celebrarse el martes, como está previsto, pero con otro candidato que no tenga cuentas con la justicia y cuya capacidad de movimientos no esté, por tanto, limitada. Así, según el criterio gubernamental, están excluidos los diputados huidos en Bélgica y los que están en prisión provisional, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El Gobierno confía en que la investidura de Puigdemont se impida por la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que obliga a suspender automáticamente cualquier resolución de una comunidad autónoma que el Gobierno recurra y el Constitucional admita a trámite para estudiarla (incluso aunque luego, pasados los meses, falle en contra). Si esa investidura se frena, ya se estará en otro momento y quizá los independentistas se avengan a presentar a otro candidato, argumentan portavoces gubernamentales.

El Ejecutivo actúa espoleado por el temor a tener que recurrir una investidura ya votada y a colocar a Felipe VI ante la tesitura de firmar el decreto de proclamación del líder independentista, una situación que el Gobierno quiere evitar a toda costa.

De momento, el presidente del Parlament, Roger Torrent, mantiene la sesión de investidura de Puigdemont para el martes a las 15.00. A su juicio, la decisión del Gobierno es un fraude de ley. “Nos están diciendo que no hemos votado bien, que no hemos votado lo que ellos querían”, dijo este viernes. Torrent aguardará a saber si el Tribunal Constitucional admite a trámite hoy el recurso del Gobierno para tomar una decisión tanto política como jurídica. Tiene en su mano proponer a otro candidato, pero mantiene a Puigdemont.

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