El juez archiva la causa contra el jefe antiincendios de la Xunta
El magistrado constata que la adjudicación a dedo de los helicópteros fue ilegal pero esgrime que la medida era "necesaria"
La adjudicación a dedo a la empresa Inaer del servicio de helicópteros que realizó en 2012 el director general de Ordenación Forestal de la Xunta,Tomás Fernández-Couto, jefe antiincendios de los gobiernos del PP desde la época de Manuel Fraga, fue “ponderada y adecuada” en opinión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, quien ha archivado la causa abierta por una denuncia de la Fiscalía.
El juez reconoce en el auto, avanzado este lunes por Praza Pública, que se produjo una ilegalidad con esa actuación del máximo responsable de la política forestal de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, si bien puntualiza que “no es suficiente con constatarla sino que es preciso demostrar además, al menos indiciariamente, que tal infracción normativa ha sido consciente, intencionada y buscada", extremo que él descarta.
En su opinión, la adjudicación a dedo no fue una decisión “ilógica o arbitraria” toda vez que, argumenta, tras la campaña de 2012 “se procedió a la tramitación ordinaria de la contratación del mentado servicio para campañas futuras” y, puntualiza, las “exigencias legales fueron respetadas” entonces. Este hecho, sostiene “arrumba cualquier posible sospecha de ilegalidad o parcialidad en dicha adjudicación”.
Entiende el magistrado que la actuación que no cumplía los requisitos legales “no solo era necesaria sino también acuciante y urgente con el fin de preservar no solo los recursos naturales, sino también la seguridad de las personas”. Así, Lago constata que la adjudicación "carece de la cobertura contractual que, en situación de normalidad, debiera existir", aunque la justifica por considerar que “no obedece al mero capricho o arbitrariedad” sino que “por el contrario, posee una justificación objetiva y racional”.
Concluye que el "control y consecuencias" de la "mera ilegalidad administrativa" han de ser "revisadas prioritariamente por la jurisdicción contenciosa" por lo que "no se puede concluir que en este caso existan indicios suficientes para poder apreciar un delito de prevaricación administrativa".
El archivo, que puede ser recurrido, se produce cinco años después de que el sindicato CIG pusiese la irregularidad en conocimiento de la Fiscalía, que presentó la denuncia por prevaricación que supuso el inicio de la instrucción. El Ministerio Público estudia ahora si recurrirá el archivo, informa Europa Press.
Respecto a los otros imputados, el entonces secretario general de la Consellería de Medio Rural, Francisco José Vidal Pardo, y el subdirector general de prevención y defensa contra los incendios, José Carlos Costa, el magistrado sostiene que carecían de capacidad para tomar la decisión que atribuye “en exclusiva” en Fernández-Couto.
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