Santamaría defiende que el 155 ha reactivado una Generalitat paralizada “en modo ‘procés”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido este lunes en el Senado para informar de cómo se está desarrollando la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, aprobado en esta Cámara el pasado 27 de octubre. La número dos del Ejecutivo ha descrito, a tres días de las elecciones catalanas y ante la comisión que controla la intervención, una administración que “ha recuperado la normalidad”, un argumento ya conocido, pero ha incidido con nuevos datos en algo que no había subrayado tanto hasta ahora: que no ha sido el 155 el que ha paralizado la legalidad en Cataluña, sino que “era la propia administración de la Generalitat la que estaba suspendida” porque “sus consellers estaban en permanente modo procés”. "En esta etapa las necesidades de los ciudadanos se han vuelto a convertir en la prioridad", concluyó.

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Tras cargar contra el proyecto independentista –“el procés era un fake en toda regla, (...) un engaño masivo"- y garantizar la legalidad de las próximas elecciones autonómicas –ha informado de que se ha realizado ya una simulación de escrutinio sin incidencias-, ha descrito un escenario de parálisis burocrática en Cataluña antes del 155: “Se gastaban 10 millones de euros en delegaciones en el extranjero mientras se cerraban plantas de hospital”. Ante el enviado del Gobierno a Cataluña, Roberto Bermúdez de Castro, sentado en el hemiciclo, y con un discurso muy duro, enumeró una fuerte caída de acuerdos de la Generalitat en los meses previos sobre educación, un 26%; sanidad, un 28%; asuntos sociales, un 30%; justicia, un 46%. Ha sostenido que había 26 contratos vencidos y no renovados, entre ellos los de seguridad en las sedes de administración de justicia. La lista de espera de sanidad había crecido un 10%, hasta 170.000 personas y la del servicio de dependencia era la segunda más alta de España, con 80.000 peticiones.

“El 155 ha revelado que había asuntos que estaban paralizados durante semanas”, afirmó, entre ellos los pagos a proveedores, y en este periodo se han pagado más de 1.500 millones. “A medida que se radicalizaba el discurso se restaba importancia a todo lo demás”. Una situación agravada, según su análisis, por “la desconfianza entre los mismos miembros de la coalición de gobierno catalana, que llevó a duplicar organismos”.

En todo caso, precisó que la "práctica totalidad" de los empleados públicos acató la legalidad del 155: "Quiero reconocer la actitud de la gran mayoría, su lealtad y la profesionalidad con que han respondido". Como efecto de estos casi dos meses de intervención del Gobierno en Cataluña, Sáenz de Santamaría esgrimió datos del CIS: la independencia de Cataluña era la segunda preocupación de los españoles y ahora es la cuarta, y en la propia comunidad autónoma, “ha bajado seis puntos en un mes”.

En su réplica, el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, le acusó “utilizar la cámara parlamentaria para un acto electoral” y llevar a cabo un “show electoralista patrocinado por el Senado”. También le reprochó hacer “demagogia” con los datos y aprovechó para echarle también en cara su frase en un mitin sobre el "descabezamiento" del independentismo.