España planteará a la UE reformar la Euroorden para ampliar los delitos
El ministro Catalá anuncia que expondrá el viernes esta posibilidad a sus homólogos europeos
![Anabel Díez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6a03a8da-a77f-4658-abe7-524da5d9d3a4.png?auth=3852c5380b3aef50545c6c0ffd184b9a56111a1fc7d417bb484bd779ae62222b&width=100&height=100&smart=true)
![El presidente del Senado, Pío García Escudero, saluda al ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la recepción en el Congreso por el Día de la Constitución.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XBHN5NFVSZLLPMJLIQTM7KVWVY.jpg?auth=6a2f51118cde4f743f34859f9f718be8b04277f07a932a63ee5dd56a5218e1ed&width=414)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteará el viernes en Bruselas a los demás titulares de Justicia de la UE la necesidad de ampliar el catálogo de delitos afectados por las euroórdenes de detención, ya que cree que este mecanismo ha perdido eficacia. España quiere poner como ejemplo lo ocurrido con la orden de detención europea emitida contra el expresidente catalán Carles Puigdemont —huido a Bélgica— que ha sido anulada por el Tribunal Supremo tras ser expedida por la Audiencia Nacional.
"El viernes hay consejo de Justicia y se tratará con la Comisaria [Věra Jourová] y el resto de ministros europeos cómo ha funcionado este caso real", han explicado fuentes del Ministerio de Justicia. "Tendremos que valorar si 15 años después, el balance es positivo o si se pueden hacer ajustes".
No obstante, fuentes jurídicas subrayan que el problema en el caso del expresidente catalán no ha estado en el mecanismo de la euroorden, sino en los distintos tipos de delitos que establece la legislación de cada país. El pasado 3 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una euroorden de detención contra Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su Govern que le acompañan en Bruselas por no acudir a declarar pese a estar citados como presuntos autores de los delitos de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia en la causa por el proceso independentista en Cataluña.
Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó este martes retirar las euroórdenes para evitar que la Justicia belga restrinja los delitos por los que se les acusa en España y conseguir así que todo el antiguo Gobierno catalán sea investigado en igualdad de condiciones. La intención del magistrado es evitar que, a la hora de autorizar la entrega de los imputados, la Justicia belga pueda plantear una tipificación distinta de los delitos que se imputa a los exmiembros del Ejecutivo regional huidos. Además, si Puigdemont y los cuatro exconsellers decidieran no regresar a España sí podrán ser juzgados -y en su caso, condenados- en rebeldía.
Al respecto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado durante los actos de conmemoración de la Constitución, celebrados en el Congreso, que le trae "sin cuidado" si el expresidente catalán vuelve a España antes del 21 de diciembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones autonómicas de Cataluña, a las que concurre como candidato de Junts per Catalunya. "Que haga lo que quiera".
El debate que quiere suscitar Catalá no está recogido en el orden del día de la reunión de ministros europeos de Justicia. El viernes, los titulares de esta cartera tratarán de acordar una posición común sobre un proyecto de normas para el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso; y otra sobre la reforma del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Aunque el debate de la euroorden no está incluido en el orden del día, Catalá espera que se origine un debate informal. Su intención es utilizar el ejemplo de lo que ha ocurrido con la euroorden emitida contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hacer ver que se trata de un sistema, en vigor desde hace ya 15 años, que no resulta "ágil" y no funciona como se esperaba, y por tanto debería ser sometido a revisión.
La euroorden nació en 2002 y en un primer momento solo afectaba a un número muy limitado de delitos, principalmente relacionados con el terrorismo, y a lo largo de los años se ha ido actualizando conforme al principio de confianza entre los Estados, pero aún no cubre la totalidad de conductas delictivas.
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