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Comienza el juicio de los ERE, un proceso histórico a la anterior cúpula de la Junta

Preguntas y respuestas sobre el juicio a 22 ex altos cargos del Ejecutivo andaluz acusados

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el pasado julio en el congreso del PSOE andaluz.

El primer juicio del caso ERE que arranca este miércoles sienta en el banquillo a la excúpula de la Junta de Andalucía –los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y 14 exaltos cargos- por el diseño y mantenimiento del fondo de 855 millones para empresas en crisis utilizado entre 2001 y 2010. Es un proceso con una potente carga simbólica que cuestiona la supuesta opacidad y discrecionalidad de las políticas de empleo del Ejecutivo socialista, que desde hace 35 años gobierna esta comunidad. Siete años después del inicio de la investigación y tras un breve paso por el Tribunal Supremo que devolvió la causa a Sevilla, el primer juicio resolverá muchas dudas acumuladas a lo largo del millón de folios que suman la matriz y esta primera pieza desgajada, la denominada política.

¿De qué están acusados los 22 ex altos cargos y cuánto durará el proceso?

El juicio busca aclarar si la anterior cúpula del Gobierno andaluz diseñó y sostuvo un sistema para otorgar de manera turbia —sin la fiscalización de la Intervención General— ayudas públicas a empresas afines al PSOE andaluz que acometieron ERE y recibieron subvenciones directas (73 millones). Los dirigentes no buscaron el lucro propio. “Los políticos, concertando sus actuaciones de modo expreso o tácito, permitieron la entrega de subvenciones con total discrecionalidad”, acusó el juez instructor Álvaro Martín. En el banquillo se sientan dos expresidentes andaluces, una exministra, cinco exconsejeros y 14 ex altos cargos, entre ellos el ex interventor general y el anterior jefe de los servicios jurídicos. Junto a los acusados declararán 114 testigos y 12 peritos. Los tres jueces de la Audiencia de Sevilla verán esta semana las cuestiones previas y la vista se retomará en enero, pero dada la complejidad del juicio, su duración es imprevisible, ya que el tribunal no ha establecido cronograma. Al menos, se prolongará hasta el próximo verano. Hay 150 periodistas acreditados.

¿A qué penas se enfrentan los acusados?

El expresidente José Antonio Griñán afronta una condena de seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación solicitada por la fiscalía por malversación continuada, mientras que su antecesor Manuel Chaves se expone a una condena de 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada, al igual que la exministra Magdalena Álvarez. El PP, presente como acusación, añadió el delito de asociación ilícita para los 22 encausados, que añade una pena de dos años de prisión a cada uno. El instructor aceptó procesarlos por este delito. Además, los populares elevan el perjuicio a las arcas públicas andaluzas hasta los 1.280 millones, ya que calcula los intereses futuros que el Ejecutivo sigue y seguirá pagando por los ERE. La Junta de Andalucía estuvo como acusación durante la instrucción, pero ha considerado que no existió un contubernio entre los dirigentes de la Administración regional para favorecer a empresas amigas, sino que la malversación estaba focalizada en la Consejería de Empleo y se produjo solo en ayudas concretas, por lo que decidió no presentar escrito de acusación y no estará en el juicio.

¿Por qué se ha desinflado la macrocausa?

La pasada primavera la Audiencia de Sevilla redujo de forma drástica el tamaño de la macrocausa: estimó que cada acusado de la pieza política solo puede afrontar ese juicio y no los otros de las 270 piezas desgajadas, ya que sería juzgado dos veces por los mismos hechos. Fue una victoria clave para las defensas y una derrota de las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que buscó desde el principio la división del caso en contra del criterio de la primera instructora, Mercedes Alaya. Ahora los empresarios receptores de las ayudas públicas han alegado ante la Audiencia que ellos no pueden haber cometido malversación si en los procesos no están acusados los políticos que les dieron el dinero y estos solo acuden como testigos. Si los magistrados apoyan de nuevo las tesis de las defensas, la macrocausa puede quedar reducida a un solo juicio, el de la próxima semana. De un plumazo desaparecerán los más de 300 imputados que acumuló la macrocausa y todas las piezas se cerrarán en cascada.

¿Qué relevancia política ha tenido la macrocausa?

El procedimiento penal provocó la dimisión de Griñán en 2013 —sustituido por la actual presidenta, Susana Díaz— y en 2015 el abandono de su escaño como diputados en el Congreso de Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, además de desactivar la vida política de una veintena larga de altos cargos. Desde 2011 el caso ERE ha sido el ariete preferido del PP para contrarrestar la fuerza mediática de la trama Gürtel. Numerosos dirigentes populares han exagerado la cifra del fraude hasta elevarla a “miles de millones”. El desgaste político para los socialistas en las urnas está por ver después de que su electorado más fiel vea a dos expresidentes del partido y dirigentes históricos del PSOE andaluz sentados en el banquillo de los acusados o incluso resulten condenados.

¿Cómo surgió la investigación policial?

El origen se remonta al caso Mercasevilla, que se inició en 2009 a raíz de una grabación oculta de unos empresarios a dos dirigentes de la empresa pública que les intentaban extorsionar por 450.000 euros. Dos años después, las pesquisas sobre el ERE de Mercasevilla, donde se hallaron varios intrusos —personas ajenas a la lonja municipal—, determinaron que existían más ERE autorizados por la Junta y con intrusos que cada mes cobraban una paga ilegal solo por tener conexiones en el partido socialista o ser amigos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero. Esto llevó al análisis de todos los ERE y ayudas directas bajo la partida 31L, que incluye 270 expedientes por un total de 855 millones.

¿Cuál es la clave técnica del juicio?

La primera instructora Mercedes Alaya centró su investigación en el mecanismo de pago de las ayudas, las transferencias de financiación, un instrumento de ejecución presupuestaria que permitía salvar los controles previos de la Intervención General, de ahí que esté implicada la cúpula de la Consejería de Hacienda junto a la de Empleo. Alaya y su sucesor Álvaro Martín acusaron a la Junta de ignorar “la imparcialidad, transparencia y publicidad” debidas al conceder estas subvenciones millonarias. Ante esto, las defensas defienden que desde la Junta no existió un diseño preconcebido para ocultar esa partida anual de 80 millones al Parlamento andaluz. “El juicio se asienta sobre una serie de incoherencias y contradicciones fundamentales. La criminalización de una mera herramienta presupuestaria como la transferencia de financiación con que dotó el sistema de ayudas en base a un mandato legal, ha desenfocado perniciosamente el asunto porque, desde un puro automatismo ha convertido en prevaricación y malversación todo acto concerniente a ese sistema de ayudas a lo largo de una década”, opina el abogado Alfonso Martínez del Hoyo. “Ahora es la hora de las defensas, con mucho que decir frente a las tesis de la instrucción, luego asumidas por la acusación, que hoy parecen escritas en piedra pero que son insostenibles al basarse en las asunción acrítica de las erróneas tesis de la Intervención General del Estado e ignorar que solo hay malversación cuando los fondos no se destinan a una finalidad pública”, añade.

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