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La Audiencia de Sevilla aparta al juez ponente del juicio a Chaves y Griñán

El magistrado Pedro Izquierdo no integrará el tribunal que juzgue la pieza política de los ERE

Pedro Izquierdo atiende a los medios tras el sorteo público del jueves.

La Audiencia de Sevilla ha admitido la recusación del juez Pedro Izquierdo como magistrado ponente en el juicio de la rama política del caso de los ERE, en el que están encausados los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos del Ejecutivo autonómico. De este modo, los magistrados apartan a Izquierdo porque la imparcialidad debida del juez no está asegurada si él dirige la vista de esta causa tan compleja que atañe a la excúpula de la Junta. Los jueces ven una "justificada percepción de cercanía, confianza y proximidad" entre el magistrado y los políticos enjuiciados.

"En el desempeño de su cargo ha coincidido con buena parte de los acusados, en su mayoría también altos cargos de la Junta de Andalucía, lo que evidentemente puede aún sembrar más dudas en un observador objetivo sobre su imparcialidad y negutralidad a la hora de juzgar los hechos", reza el auto de la Sección Tercera de la Audiencia.

Los magistrados han atendido la reclamación presentada por PP y Manos Limpias mes y medio después de que la fiscalía no viese motivos para la recusación. El próximo y previsible paso es que Izquierdo sea apartado también de la macrocausa de los cursos de formación, ya que hasta ahora ha resuelto los recursos de dicha causa pero recientemente fue recusado por el PP. Izquierdo fue secretario general de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014, durante la presidencia de los dos políticos procesados.

Los magistrados han aceptado la recusación y por tanto la Audiencia debe designar ahora a un nuevo ponente de entre los magistrados de la Sección Primera, que el propio Izquierdo preside. "No concurren las suficientes garantías para excluir cualquier duda sobre la imparcialidad del magistrado recusado, pues, como se ha dicho, las apariencias adquieren importancia, bastando que los recelos de los recusantes y de los ciudadanos puedan tener la posibilidad de considerarse objetivamente justificados", abundan los magistrados en su auto.

Tras conocerse la resolución, Izquierdo ha pedido reformas legislativas para que a ningún magistrado le ocurra lo mismo que a él. El juez ha afirmado que las causas de abstención y recusación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no están bien definidas en casos como el suyo, y se hace una "interpretación", por lo que ha pedido que las reformas recojan casuísticas como la suya, un ex alto cargo "técnico" que luego vuelve a ser juez, informa Efe.

A finales de marzo, la fiscalía rechazó la recusación de Izquierdo ya que "el mero hecho del desempeño de un cargo publico en la Administración autonómica andaluza no es per se causa de abstención o recusación", defendía en su escrito el fiscal Juan Enrique Egocheaga, quien pidió al magistrado que analizara si como alto cargo conoció los procedimientos administrativos. Asimismo, la defensa de los altos cargos de la Junta también habían defendido que no había razones para apartar a este magistrado. 

Elegido tras dos sorteos (uno para designar la sala y otro para elegir al ponente), Izquierdo ha mantenido que tiene la "percepción" de que puede "ejercer de forma responsable" sus obligaciones profesionales como presidente de la sala y ponente del caso. Defendió que, cuando fue nombrado alto cargo, "ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados o encausadas" y tampoco ha tenido una relación íntima con ninguno de ellos. 

Izquierdo advirtió de que, a raíz de ambas recusaciones, "no solo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la sala, sino también, el que como consecuencia de la forma de cuestionar" su inclusión en el tribunal, "se ha visto este también afectado, al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio".

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