El obispo emérito de Cádiz declara que pidió la ayuda “con buena voluntad”

El obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, ha defendido ante la juez del caso de los ERE que pidió a la Junta de Andalucía la ayuda por la que está investigado —antes imputado— "con buena voluntad" para salvar los puestos de trabajo del centro geriátrico del Obispado gaditano. Ceballos ha declarado este martes ante la magistrada María Núñez por una subvención de 300.000 euros concedida en 2009 pese a "prescindir del procedimiento establecido", según un atestado de la Guardia Civil. El obispo ha asegurado que pidió el dinero al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, a través de una carta porque así se lo dijeron desde la oficina del Arzobispado, que fue la que manejó los fondos aprobados.

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Tras comparecer ante la juez durante apenas 10 minutos, Ceballos ha asegurado a los periodistas que pidió dicha subvención porque es "sensible con los puestos de trabajo". "La ayuda se me concedió y di las gracias", ha explicado Ceballos antes de subrayar que los puestos de trabajo que defendió siguen hoy en día. A la pregunta de la juez sobre si tenía conciencia de estar haciendo algo ilegal, el religioso se ha limitado a agradecer al consejero la ayuda concedida y a recordar que en las próximas semanas tendrá que someterse a varias intervenciones médicas. "He estado a punto de comparecer ante otro juez, el del cielo y de la tierra, que es Jesucristo", ha asegurado. 

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) señalaba en un atestado que Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una "intervención directa" con la consejería para la consecución de la ayuda económica, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido. Esa ayuda se concedió "vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia", principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agrega la Guardia Civil. Por ese motivo los investigadores consideran que "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias" de Ceballos.

Además del religioso, han comparecido ante la juez como investigados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar; el exviceconsejero Agustín Barberá, quien únicamente ha contestado a las preguntas de su defensa; y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, quien ha dicho que "no sospechaba de ilegalidades" y ha añadido que disponía de un equipo que examinaba los expedientes. Según las fuentes consultadas por Europa Press, Márquez ha señalado que, en la Dirección General de Trabajo, "no comprobaban que los beneficiarios de los expedientes coincidieran con los beneficiarios de las pólizas", agregando, a preguntas del abogado de la Junta, que la Administración andaluza "lo ha comprobado seis años después" y hoy "todavía no lo tienen controlado".

Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta inició una revisión de oficio en abril del 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE. El 23 de julio del 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la juez. Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, "ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios", indica la instructora.

Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero del 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año, el exconsejero Antonio Ávila decretó el archivo de las actuaciones, según la juez. La Guardia Civil, en su atestado, consideró que con esta actuación se está "dando la impresión" de que los responsables andaluces buscaran "la redención a través de la intercesión del Obispado".