La juez imputa a un exdiputado vasco por las sobrecomisiones de los ERE
La magistrada acusa a 12 personas más por un perjuicio de 66 millones a la Junta
La juez María Núñez, instructora del caso ERE, ha imputado al exdiputado vasco socialista Antonio Aso por beneficiarse con unos 18.000 euros en una póliza de un expediente de una empresa del corcho. La magistrada investiga a 12 personas más en la pieza de las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía, y Aso es una de ellas al estar incluido en una de las pólizas emitidas por el grupo Vitalia y subvencionadas por el Ejecutivo autonómico. La Dirección General de Seguros cifró en 66 millones el sobrecoste pagado por la Junta.
La juez Núñez ha elevado con su último auto el número de investigados hasta los 38 en esta pieza que analiza los pagos, supuestamente inflados, que recibieron las consultoras Vitalia y Uniter por sus trabajos en los ERE. Entre la docena de nuevos imputados destaca Aso junto a Juan Francisco Trujillo, exchófer del anterior director general de Trabajo Javier Guerrero, y los sindicalistas José Luis Montesinos y Roberto Carmona (CC OO) y Salvador Mera (UGT).
En el nuevo auto del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la juez también encarga un nuevo peritaje sobre el perjuicio causado a la Junta de Andalucía con las "primas infladas" en las pólizas suscritas. La magistrada imputa asimismo a Antonio Diéguez Viera, empresario perceptor de una ayuda en Cazalla de la Sierra (Sevilla), y a Agustín Guzmán Carranza, vinculado a las ayudas para la empresa sevillana Industrias del Guadalquivir (Invirsal) y vecino de Camas (Sevilla).
En paralelo, la magistrada ha archivado las actuaciones contra la mujer del conseguidor Juan Lanzas, Patrocinio Sierra, que presuntamente no participó en un delito por este caso aunque se enriqueció ilícitamente con los beneficios obtenidos por su marido. No la incluye en esta pieza, pero la investigara por su presunta ilícita inclusión en el ERE de Hitemasa para pagar comisiones a su marido.
En el auto, la juez explica que, de acuerdo con el criterio de la fiscalía, limita los hechos investigados a la cuantificación de las cantidades abonadas por la Junta en concepto de prima que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, así como su distribución presuntamente ilícita entre los que las fijaron y el destino final de los fondos como pago de presuntas ayudas públicas.
En este caso ya estaban imputados Guerrero, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas junto a varios testaferros suyos y los responsables de las empresas mediadoras de las pólizas, Vitalia y Uniter. Los nuevos imputados han sido citados a declarar en el juzgado a partir del próximo 16 de mayo, y además de esas declaraciones, la juez llama a otros 27 testigos de la causa.
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