La fiscalía pide 14 años de prisión para Guerrero y su exchófer en el ‘caso ERE’

Anticorrupción ha solicitado 14 años de prisión para el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo por las subvenciones de 1,4 millones de euros que el primero concedió al segundo, supuestamente, de manera arbitraria en 2004. A cambio de las ayudas, Trujillo compraba cocaína y regalos para su jefe, tal y como recoge la fiscalía y resaltó la juez del caso ERE, María Núñez, en el auto de procesamiento a principios de marzo. El ministerio público acusa a ambos de delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos, por los que también les pide 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1,4 millones. Por su parte, la Junta pide cinco años y seis meses de prisión para Guerrero; y cinco años y nueve meses para Trujillo.

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En su escrito de acusación, la fiscalía señala que Guerrero y Trujillo "idearon la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión". Así, en febrero de 2004, el ex director general le concedió sendas ayudas de 450.000 euros para dos de sus empresas "sin la tramitación de expediente administrativo alguno". Días después, recibió otra subvención por la misma cuantía para una nueva empresa, junto a su socio Isidoro Ruz. Más adelante, y supuestamente con la colaboración del directivo de Vitalia Antonio Albarracín, el chófer logró más dinero mediante una póliza como una falsa prejubilada que realizó en nombre de su madre tras falsificar su firma, y que le concedió Guerrero por 125.028 euros. Por estos hechos, la fiscalía también solicita seis años y tres meses de cárcel para Ruz y seis años para Albarracín.

Anticorrupción afirma que en la tramitación de estas ayudas "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello" y "sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones". Además, y según la fiscalía, no se ha acreditado "el carácter excepcional" de las subvenciones y no se ha dictado resolución motivada de concesión "con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias", no sometiéndose "a ningún tipo de fiscalización" de la Intervención y "sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos". Todo ello, además, "siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos", asegura la fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el exchófer de Guerrero "financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos".

Asimismo, el ministerio público señala que, con los fondos transferidos a estas tres empresas, el ex alto cargo "recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína" por parte de su entonces chófer", todo ello, "sin que se haya podido cuantificar su importe, pero constituyendo este un porcentaje importante de estos fondos". 

En el auto de procesamiento, Núñez acusa a Guerrero, Trujillo, Ruz y Albarracín de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento mercantil, después de exculpar a la mujer y a la madre del conductor, quienes habían estado imputadas durante la instrucción.