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La juez del ‘caso de los ERE’ afirma que algunos imputados son “víctimas” en vez de “delincuentes”

La instructora archiva la causa contra cuatro investigados, entre ellos dos sindicalistas de CC OO

La juez María Núñez, en su despacho de Sevilla.
La juez María Núñez, en su despacho de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ha archivado la causa contra cuatro personas imputadas, entre ellas dos sindicalistas de CC OO. En el auto, la juez lamenta que en esta causa hayan sido imputadas personas que, "valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas de una macrocausa en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle en cada caso, ayuda o persona".

Así lo afirma la juez en un auto en el que archiva la acusación contra dos sindicalistas de CC OO, un trabajador y el director del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), del grupo Rumasa, que fueron imputados por la juez Mercedes Alaya, que cuando instruía el caso les impuso fianzas que sumaban 492.080 euros en marzo del 2014. Tras la división de la causa, abierta en el 2011 y con más de 200 imputados, Núñez Bolaños considera "necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación" de cada uno de los imputados en la macrocausa.

En el auto del archivo provisional, la juez explica que ya archivó en diciembre pasado la causa contra un trabajador del hotel que fue considerado un intruso, y ahora hace lo mismo con otro empleado que trabajó para distintas empresas del grupo empresarial.

Los dos trabajadores, al estar empleados en distintas empresas del grupo, conservaron la antigüedad y demás derechos adquiridos, precisa la juez para descartar que se les trate como intrusos en el ERE del hotel. Ambos trabajadores consultaron a sus representantes sindicales sobre el ERE y recibieron como respuesta que todo era legal, subraya la instructora.

La juez señala que, aunque el ERE podría suponer un beneficio para el grupo empresarial, no puede decirse que "su inclusión sea ilegal, y mucho menos que los representantes sindicales conocieran la indebida inclusión de trabajadores". Los sindicalistas, según la juez, actuaron en el ejercicio de sus funciones y se limitaban a la tramitación de un ERE "cuyo coste, en principio, debe asumir la empresa".

"Si la empresa solicita una ayuda a la Administración pública y se concede, de forma procedente o no, no obsta para mantener la legalidad del ERE, en su tramitación y en su resultado, afirmando que no existe en este ERE ningún intruso, y que, por lo tanto, difícilmente se puede hablar del conocimiento de inclusión ilegal alguna", concluye la juez.

Sobre el director del hotel exculpado, Miguel Rodríguez, la instructora afirma que contrató a los dos trabajadores, calificados inicialmente como intrusos, "siguiendo instrucciones de sus superiores". Los sindicalistas exculpados son Gonzalo Fuentes Guerrero, de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC OO en Málaga, y José Cabrera Medina, miembro del comité de empresa por CC OO.

Además, la juez archiva la causa contra el trabajador Claudio Andrés Sendino, después de haber hecho lo mismo, en diciembre pasado, con el empleado José Antonio Cuevas. Sobre este último, la magistrada cree que es imposible que conociera su ilegal contratación o inclusión en el ERE porque, tras analizar la jurisprudencia laboral, su contrato no puede considerarse que ilegal.

En julio del 2014, la Audiencia de Sevilla confirmó la imputación de uno de los trabajadores como posible intruso y dijo que "no desarrolló trabajo efectivo" entre marzo y septiembre del 2006, fecha en la que firmó su adhesión a un ERE que le habría supuesto un montante de 96.223 euros y para cuyo abono la Junta de Andalucía habría tenido que pagar 233.000 euros.

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