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El fiscal pide seis años de cárcel para el expresidente andaluz Griñán por el caso de los ERE

El ministerio público solicita 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación

El expresidente José Antonio Griñán, la pasada primavera en los juzgados. PACO PUENTES ATLAS

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente andaluz José Antonio Griñán en el caso de los ERE. El ministerio público le achaca un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, mientras que para su antecesor, Manuel Chaves, reclama 10 años de inhabilitación por prevaricación. Tras cinco años de investigación, ambos dirigentes históricos y expresidentes federales del PSOE —partido que abandonaron en junio al ser procesados— afrontarán junto a 24 ex altos cargos de la Junta el primer juicio de esta macrocausa, previsiblemente en 2017.

La posibilidad —más real ayer que nunca antes— de que el antiguo número dos del PSOE federal y exministro José Antonio Griñán sea condenado a una pena de cárcel por inacción y conocer supuestamente irregularidades, ha producido perplejidad entre numerosos dirigentes socialistas. La Fiscalía Anticorrupción pide sentar en el banquillo a la anterior cúpula de la Junta de Andalucía con penas que suman 132 años de cárcel. Y lo hace con el argumento de que evitó la fiscalización de la Intervención General y permitió a sabiendas el descontrol en las ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2000 y 2010.

El ministerio público ha presentado esta mañana su escrito de acusación para 26 políticos y técnicos del Gobierno andaluz, que afrontan la devolución a la Hacienda pública de 741 millones en caso de condena. De ellos, los fiscales reclaman a Griñán la devolución solidaria —junto a otros 18 altos cargos acusados de malversación— de 483 millones, por conocer su destino irregular desde su puesto como consejero de Hacienda.

Anticorrupción coincide en su tesis general con el último instructor de la pieza, Álvaro Martín, y su predecesora Mercedes Alaya, aunque esta había elevado a 52 los inculpados en esta rama política. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro descartó la malversación por parte de Griñán cuando instruyó el sumario por la presencia de aforados.

El escrito acusa a la cúpula de la Junta de evitar la fiscalización de la Intervención, “que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas”. La clave reside en que los dirigentes debían conocer las irregularidades detectadas por los interventores en los ERE ya en 2003, pero las permitieron para mantener “la paz social”, según los fiscales. “La gravedad de la situación creada (...) mediante la utilización de las transferencias de financiación (...) debieron ser conocidas por los encausados”. Y ahí reside la diferencia procesal entre Chaves y Griñán.

Mientras que el primero es señalado por ignorar detalles de algunas ayudas y modificaciones presupuestarias aprobadas en Consejo de Gobierno, a Griñán se le achaca un conocimiento más detallado del fondo como titular de la Consejería de Hacienda. Además, el fiscal le recrimina que no iniciara algún procedimiento para lograr la devolución de los fondos públicos entre 2005 y 2010.

En junio tanto Chaves como Griñán recurrieron su procesamiento al alegar que desconocían las irregularidades de los ERE. "No era una trama criminal", adujo Griñán. Pero sus recursos no paralizaron el proceso y tras la petición de Anticorrupción, dentro de un mes se conocerán las de la Junta de Andalucía y el PP como acusaciones personadas en el caso. Hoy jueves ambos exdirigentes han guardado silencio.

La fiscalía pide también 10 años de inhabilitación para el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y la exministra y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones Magdalena Álvarez, por su labor como antecesora de Griñán al frente de Hacienda. Además, pide ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández —extitulares de Empleo— y Francisco Vallejo —exconsejero de Innovación—, por malversación; y seis para la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

En la pirámide descendente de altos cargos, la fiscalía eleva la petición de cárcel hasta los ocho años e inhabilitación absoluta de 20 años para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y los ex directores de Trabajo Juan Márquez y Javier Guerrero, en el epicentro de la trama que originó el caso. Anticorrupción pide asimismo seis años de prisión para el exviceconsejero Justo Mañas y el ex interventor general Manuel Gómez, que se enfrentó con crudeza a Chaves y Griñán.

La fiscalía debe pronunciarse ahora sobre otro caso importante: la macrocausa de los cursos de formación, aunque todo indica que ahí pedirá el archivo de la rama política.

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