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Los “problemas de cohesión territorial”, un reto para la seguridad nacional

La nueva Estrategia alude al desafío del separatismo catalán sin mencionarlo

Mariano Rajoy preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Ampliar foto
Mariano Rajoy preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. EFE

La palabra Cataluña no aparece ni una sola vez en las 127 páginas de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, aprobada ayer por el Gobierno. Pero el reto secesionista recorre el documento ya desde la misma presentación, que firma el presidente Mariano Rajoy. “A los desafíos globales se les unen otros internos que atentan contra nuestra integridad territorial y valores constitucionales. La respuesta del Estado de Derecho es, sin duda, la mejor herramienta para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, escribe.

La estrategia reconoce expresamente que la cuestión territorial es una amenaza para la seguridad nacional. “España se enfrenta a una serie de amenazas y desafíos tanto internos como externos, incluyendo [...] problemas de cohesión territorial”, afirma.

Incluso intenta explicar su agravamiento en los últimos años alegando que la crisis económica no solo ha tenido “un elevado coste social”, sino también “consecuencias en los movimientos independentistas”, que la han utilizado “como argumento para apoyar acciones irresponsables”, en alusión a la deriva soberanista del cesado Gobierno catalán.

La amenaza ultraterrestre y el ataque de los drones

M. G.

Junto al ciberespacio, donde los ataques “han aumentado notablemente en número, alcance y sofisticación”, la estrategia dedica especial atención a la “vulnerabilidad del espacio ultraterrestre”. Se refiere a lo que antes se denominaba el espacio, sin adjetivos, donde una constelación de satélites cumplen misiones esenciales en campos como la observación de la tierra, el posicionamiento global, las comunicaciones o el intercambio de información digital. El aumento de la basura espacial y el despliegue de tecnologías diseñadas para deshabilitar o destruir satélites, en un espacio por cuyo control compiten los Estados, “podrían incrementar la tensión global” y poner en riesgo actividades cotidianas que dependen cada vez más del uso del espacio.

Hasta tal punto se toma en serio este asunto que la estrategia propone crear un Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial, que se ocupará también del riesgo asociado al creciente uso de drones (que pueden "ser usados para acciones de naturaleza agresiva o ilícita" por parte de Estados u organizaciones terroristas) y se unirá a los ya existentes de Ciberseguridad y Seguridad Marítima.

Desarrollar el modelo integral de gestión de crisis, promover la cultura de Seguridad Nacional, favorecer el buen uso de los espacios comunes globles (el ciberespacio, el espacio marítimo, el aéreo y el ultraterrestre), impulsar la dimensión de la seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España son los cinco grandes objetivos que se fija la directiva.

Pero la estrategia no dice cómo afrontar este reto, más allá de sostener que “los desafíos a la legalidad y al interés general de España requieren una respuesta desde el Estado de Derecho para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

Eso sí, subraya que “en España se puede defender cualquier proyecto político, siempre que se haga en estricta observancia de la legalidad”. Y asegura que la seguridad nacional “contribuye a afianzar los elementos vertebradores de la España del siglo XXI”, incluida su “rica diversidad territorial y lingüística”.

Estas son otros puntos significativos del documento:

Campañas de desinformación. Es la principal novedad. Al aludir a los conflictos armados, incorpora el concepto de “conflictos híbridos [...] que combinan el empleo de medios militares con ataques cibernéticos, elementos de presión económica o campañas de influencia por las redes sociales”. En otro momento subraya que “la manipulación de la información por parte de agentes extranjeros ejerce de factor de influencia en la era de la posverdad, con efectos negativos en la cohesión social y la estabilidad política”. Y agrega que “actos como el robo, uso y difusión de la información y datos sensibles y acciones hostiles que incluyen actividades de desinformación e interferencias en procesos electorales representan hoy un desafío de grandes dimensiones”. Se trata de una descripción bastante exacta de lo sucedido en las últimas elecciones estadounidenses, pero el documento elude citar casos concretos y se cuida mucho de apuntar a Rusia como presunta responsable. Solo afirma que estas acciones son “perpetradas tanto por actores estatales como no estatales”, que la atribución de su autoría “resulta especialmente complicada” y que “tienen por objeto la movilización de la opinión y la desestabilización política”. Al enumerar las medidas para mejorar la gestión de crisis, aboga por “el desarrollo de instrumentos que contribuyan a la protección contra la desinformación”.

Terrorismo. Los atentados de agosto pasado en Barcelona “han situado a España en el punto de mira del azote terrorista”, reconoce el texto, que identifica a Daesh como “principal protagonista de esta amenaza por su capacidad operativa, medios, proyección mediática y rápida expansión” y a los combatientes retornados de Siria o Irak como “uno de los mayores retos”. De ETA, ya desarmada, constata que “no es una amenaza relevante gracias a la victoria del Estado de Derecho y sin perjuicio del trabajo [...] en la investigación de hechos criminales, la defensa de la memoria de las víctimas y la transmisión de una narrativa que resalte la lucha de la democracia frente al terrorismo”.

Trump y el populismo. Al presidente de EE UU, Donald Trump, no lo cita ni una vez, como tampoco al fenómeno del populismo, aunque alude implícitamente a ambos cuando constata “el auge de grupos con visiones proteccionistas y nacionalistas exclusivistas”, el resurgir “del proteccionismo en una economía globalizada” o la “creciente unilateralización de la seguridad”, en contraposición al multilateralismo de Obama.

Cambio climático. Lejos quedan los tiempos en que Rajoy (apelando a su primo) dudaba del calentamiento global. Por primera vez, la estrategia le dedica un apartado entero. “En los últimos años los efectos producidos por el cambio climático han adquirido tal relevancia que se justifica su análisis desde una perspectiva de seguridad”, alega. Se apuesta por reforzar los compromisos del Acuerdo de París y anuncia la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Olvido del 2%. El texto pasa de puntillas sobre el compromiso de destinar un 2% del PIB a los gastos militares, asumido por España en la cumbre de la OTAN en Gales (2014). Se limita a decir que “España debe asumir los compromisos económicos acordados como parte de un necesario reparto de responsabilidades y esfuerzos entre aliados”. A pesar de declarar su apoyo a la cooperación estructurada permanente en Defensa dentro de la UE, la  Estrategia incluye entre sus líneas de acción la mejora "de la capacidad de defensa autónoma" de España y el impulso a "una  estrategia industrial de Defensa que formente la autonomía en la adquisición de capacidades estratégicas".

Gibraltar y el Magreb. El documento constata que el Brexit "supondrá la salida de Gibraltar, un anacronismo en la Europa actual, de la UE" y aboga porque España y Reino Unido cooperen "en un área de máxima relevancia estratégica como es el Estrecho". Respecto a sus vecinos del norte de África, "España fomenta la estabilidad política, sociedades plurales y gobiernos inclusivos regidos por instituciones basadas en el imperio de la ley y con prácticas de buen gobierno"; lo que no significa necesariamente regímenes democráticos.