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Andalucía reclama una financiación que garantice una prestación igualitaria de servicios

La Junta andaluza asegura que el actual sistema supone que 200.000 andaluces no reciben fondos del Estado

La presidenta andaluza, Susana Díaz, tras el consejo de Gobierno, en Sevilla.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, tras el consejo de Gobierno, en Sevilla. EFE

Andalucía no protesta por la aprobación del cupo vasco, pero sí lo hace, y de forma contundente, por la discriminación a la hora de abordar con la misma urgencia la financiación del resto de comunidades. La presidenta de la Junta. Susana Díaz, solo puede entender el retraso en abordar la cuestión por una táctica electoral del jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a quien acusa de intentar pasar 2018 con una reducción del déficit a costa de los fondos de otras administraciones y llegar a las elecciones con “regalos fiscales”.

Las cuentas no le salen a la Junta andaluza. Un total de 200.000 habitantes de la comunidad no reciben un solo euro del reparto de fondos del Estado y acumula ya un déficit de financiación de 5.522 millones de euros, según la evaluación del Gobierno autonómico sobre el sistema actual. Con estas cifras, cada andaluz recibe anualmente unos 800 euros menos que el resto de los españoles, con la consecuente repercusión en la prestación de servicios.

Este es el análisis que la Consejería de Hacienda ha remitido al comité técnico permanente de evaluación, el grupo de trabajo creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para revisar el modelo de reparto de fondos. “No es una propuesta porque es al Gobierno de Rajoy y al ministro Cristóbal Montoro a quienes les toca poner ya sobre la mesa, de manera urgente, una propuesta concreta para empezar a discutir el nuevo modelo de financiación”, ha afirmado la responsable del presupuesto andaluz, María Jesús Montero.

Andalucía reclama un ajuste de la distribución por población para que no haya andaluces que se queden sin fondos del Estado, “que no cuenten para el sistema”. “No se trata de pedir más, sino de participar en mayor medida de lo que se recauda a los ciudadanos con sus impuestos, y que prioritariamente prefieren que se financie la sanidad, la educación o la dependencia, las prestaciones por desempleo o las pensiones. El nuevo sistema debe garantizar la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades”, defiende Andalucía.

La Junta andaluza considera prioritario garantizar los recursos suficientes para financiar todas las competencias y no solo aquellas consideradas básicas. Del mismo modo, reclama que se asegure que los servicios sean iguales en todas las autonomías para evitar que un vecino de una región tenga acceso a prestaciones diferentes del de otra por el simple hecho de su residencia, así como evitar las “tensiones territoriales”.

En relación con el cupo vasco, Andalucía insiste en estar de acuerdo con el sistema, previsto en la Constitución, pero reclama “un recálculo de éste y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados”.

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