La justicia belga controla los movimientos de Puigdemont y los exconsejeros

La justicia belga controla los pasos de Puigdemont y los cuatro exconsejeros. Entre las obligaciones impuestas por el juez a cambio de su liberación el pasado 5 de noviembre figura que los cinco políticos catalanes deben comunicar a la policía sus movimientos cada mañana. Esa condición se uniría a las de no abandonar el país, comparecer ante el juez cada vez que sean llamados y comunicar una residencia fija, según ha adelantado el diario Ara.

La agenda del antiguo cabeza del Govern ha tenido un doble frente en los últimos días: por un lado, se ha reunido con representantes independentistas para tratar la estrategia electoral del 21-D. Es el caso del expresident, Artur Mas, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, o la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Además, ha dedicado una amplia atención a medios de comunicación. Entre otras, ha concedido entrevistas a las televisiones francófona y flamenca, y al diario belga Le Soir, el de mayor tirada del país. Al margen de estas dos actividades, se ha dejado ver en actos culturales como la presentación del libro sobre Cataluña en la Guerra Civil en el Casal Catalá de Bruselas.

Tras la decisión de permitir a los políticos independentistas seguir en libertad está la predisposición a colaborar con las autoridades judiciales belgas que han mostrado en todo momento, escenificada en su entrega voluntaria en una comisaría de Bruselas. Pero esa buena voluntad y la ausencia de riesgo de huida que estima la justicia belga no implica que sus movimientos queden fuera de su escrutinio.

Comparecen este viernes

Mientras tanto, la aplicación de la euroorden sigue su curso. Mañana viernes llega la próxima fecha relevante en el calendario judicial que afrontan los investigados. Todos ellos deberán declarar ante la Cámara del Consejo, la primera instancia que se pronunciará sobre su extradición a España, aunque el juez no está obligado a tomar la decisión ese mismo día. La defensa ya ha dejado clara cuál será la base de su estrategia: alegarán que la orden de entrega emitida por España forma parte de una persecución política impulsada por el Gobierno de Madrid.

Uno de sus abogados, Christophe Marchand, declaró al diario De Standaard que los exmiembros del Govern están siendo juzgados “solo por sus decisiones políticas, que conocía todo el mundo y por las que fueron elegidos democráticamente. Solo son procesados por su opinión política. El juez belga debe rechazar su entrega”. Sea cual sea la decisión, esta será recurrible y puede alargar el proceso hasta enero o febrero.