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El Supremo vigilará que Forcadell no se salga del orden constitucional

El Tribunal Supremo le ha advertido en dos autos consecutivos que su libertad tiene dos condiciones: que no salga de España y comparezca semanalmente ante un juez

Los cinco miembros de la Mesa, a excepción de Forcadell, abandonan la sede del Supremo en la noche del jueves.
Los cinco miembros de la Mesa, a excepción de Forcadell, abandonan la sede del Supremo en la noche del jueves.

Carme Forcadell recuperó ayer la libertad tras permanecer 12 horas en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid). Pero el Tribunal Supremo le ha advertido en dos autos consecutivos que esta libertad tiene dos condiciones: que no salga de España y comparezca semanalmente ante un juez; y que renuncie a cualquier actuación política que choque con la Constitución. Con esta premisa, Llarena avisa a Forcadell y los otros investigados de que irán a prisión si vuelven a salirse de la legalidad, pero también obliga al independentismo a desterrar de su discurso electoral la vía unilateral para la independencia.

El auto de medidas cautelares dictado por el magistrado Pablo Llarena el jueves por la noche fue, en general, bien recibido por las formaciones soberanistas. Tras la petición de prisión incondicional formulada por la fiscalía para cuatro de los seis investigados, y con el precedente de una semana antes de la Audiencia Nacional, el independentismo respiró aliviado al saber que el juez descartaba la prisión incondicional e imponía fianzas asumibles a los miembros de la Mesa del Parlament.

Pero la resolución del alto tribunal no solo no rebaja en nada la gravedad de las acusaciones formuladas por el fiscal en su querella, sino que constata que la mayoría son ciertas porque obedecen a actuaciones públicas y advierte de que implican indicios claros de delito, ya sea de rebelión o de sedición. En algunos casos, el magistrado va incluso más allá de la querella al advertir de que el posible uso de fondos públicos en actuaciones que el Tribunal Constitucional ya había declarado ilegales, puede implicar la existencia del subtipo agravado de rebelión, lo que aumentaría las penas a las que se exponen los investigados.

La contundencia del auto de Llarena ha quedado en parte eclipsada por el voto de confianza que el magistrado dio a los cuatro investigados para los que el fiscal pedía prisión incondicional. Llarena dio muestras, según fuentes presentes en los interrogatorios, de estar dispuesto a evitar el encarcelamiento de los investigados, pero consideraba que el riesgo de reiteración delictiva en el que el fiscal basaba su petición era cierto porque Forcadell y sus compañeros Lluís Corominas, Anna Simó y Lluís Guinó no habían dejado claro durante sus comparecencias que renunciaran a perseguir con sus actuaciones políticas la independencia de Cataluña violando la Constitución.

Los únicos que lo dijeron expresamente fueron Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, que siempre se ha manifestado contrario a la vía unilateral; y Ramona Barrufet, de Junts pel Sí, que durante el interrogatorio dijo que no iba a volver a ser diputada y que renunciaba a conseguir la independencia a toda costa. Esta afirmación llevó al fiscal a aceptar que pudiera eludir la cárcel bajo fianza, lo que permitió al juez ofrecer la misma oportunidad al resto.

Durante las vistillas, que se celebraron de forma conjunta y en las que los investigados, según las fuentes consultadas, dieron claras muestras de nerviosismo, el magistrado dio una oportunidad que no es frecuente conceder en estos casos: un turno de última palabra para los investigados, que en ese momento ya conocían la petición del fiscal. Fue entonces cuando el juez les arrancó a Forcadell, Corominas, Guinó y Simó la renuncia que durante el interrogatorio no habían hecho de forma expresa. Antes, les preguntó si tenían intención de seguir ejerciendo la política (fuentes de las defensas señalan que a la presidenta de la Cámara catalana no le hizo esta pregunta). Guinó, Corominas y Simó respondieron que sí, pero los cuatro investigados que se arriesgaban a la prisión incondicional aseguraron que no iban a volver a adoptar ninguna decisión política que fuera contraria a la Constitución, lo que según el juez, harían si participaran en las elecciones y contribuyeran a transformar la próxima legislatura “en un ilegal proceso constituyente”.

“Forcadell dijo que esperaba un pacto, que tal como están las cosas no se podía ir por la vía unilateral. Y que esto ya se veía porque no han ejecutado nada” de lo que el Parlament ha aprobado, señala un abogado presente en las declaraciones. Este compromiso llevó al juez a evitarles la prisión preventiva.

“Todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”, argumenta el juez en su auto.

Llarena asume la posibilidad de que los querellados hayan expresado ese compromiso con el único fin de obtener la libertad (sus afirmaciones pueden ser “mendaces”, señala el juez), pero opta por aceptarlo, aunque con la advertencia de que les mantendrá vigilados y les enviará a la cárcel si vuelven a actuar en contra de la ley. Este compromiso implica que ninguno de ellos, si deciden seguir en política, puede volver a actuar en contra de la Constitución, lo que, en la práctica, y según se deduce del propio auto, implica renunciar a la independencia unilateral de Cataluña.

Esta condición impuesta por Llarena y aceptada por la fiscalía (que ha rechazado recurrir la decisión del juez) podría abrir la puerta a que los exmiembros del Govern, encarcelados por orden de la juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, salgan de prisión si aceptan un compromiso similar y los jueces consideran que se ha disipado el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Pero eso obligaría a las formaciones independentistas a desterrar de su discurso la declaración de la independencia unilateralmente.

El juez, no obstante, diferencia las situaciones de los investigados en la Audiencia Nacional y los del Supremo, sobre todo respecto al riesgo de destrucción de pruebas. La acusación del fiscal, advierte Llarena, “se limita a atribuir” a los miembros de la Mesa, “la creación de una base normativa (ilegal, pero de soporte), mediante un comportamiento que aparece perfecta e inmutablemente esculpido en los diarios de sesiones del Parlamento de Cataluña”.

 

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