El jefe contraincendios de la Xunta, imputado por adjudicar a dedo el servicio de helicópteros

El responsable de la lucha contraicendios de la Xunta de Galicia durante los últimos 17 años, Tomás Fernández-Couto, está imputado por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación de los helicópteros para la extinción de los incendios forestales de la comunidad gallega en las campañas de 2011, 2012 y 2013. En la instrucción, que parte de una denuncia registrada en 2015 por la Fiscalía basada en la presentada en 2012 por el sindicato CIG, figuran igualmente como investigados por este mismo motivo Francisco José Vidal Pardo y José Carlos Costas, secretario general técnico y subdirector general de prevención y defensa contra los incendios forestales de la Consellería de Medio Rural, respectivamente, en aquellos años.

El anuncio de la imputación de Fernández-Couto,adelantada por Praza.gal y que según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Santiago, coincide con las peticiones de su cese formuladas por todos los grupos de oposición en el Parlamento gallego al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, tras la catástrofe de mediados de octubre. Pese a la investigación judicial abierta y a las reiteradas críticas de la oposición y de los trabajadores forestales por la gestión de Fernández-Couto en años anteriores y por la relativa a la oleada de incendios del mes pasado que se saldó con cuatro muertos, 128 ingresos hospitalarios, 2.400 personas desalojadas de sus viviendas y más de 49.000 hectáreas de terreno arrasadas, el presidente gallego mantiene su confianza en el actual director general de Ordenación Forestal.

En la denuncia de la CIG que sirvió de base a la de la Fiscalía se alertaba de la adjudicación directa en 2012 a Inaer del servicio de helicópteros de las brigadas contraincendios de la Xunta por importe de 6,6 millones de euros. El sindicato aportaba documentación gráfica que evidenciaba que mes y medio antes de la adjudicación los helicópteros de Inaer ya prestaban servicio. El Ejecutivo gallego, presidido ya entonces por Feijóo, justificó la adjudicación a dedo señalando que la inmediatez de la época de riesgo de fuegos le impedía convocar un concurso público.

Sí lo hizo en 2013. Inaer volvió a presentarse y, en competencia con ella, otra empresa que prestaba el servicio en Castilla y León. No obstante, la Xunta declaró desierto el concurso asegurando que ambas ofertas incumplían los pliegos de condiciones por lo que convocó un procedimiento negociado designando a dedo a las empresas invitadas. Inaer, que presentó una baja de 8.000 euros sobre los 12,3 millones de la licitación, se hizo de nuevo con la concesión.

Un año después, el Consello de Contas, organismo fiscalizador de la gestión del sector público gallego, aseguró que se había producido una “modificación sustancial de las condiciones iniciales” que “constituye un obstáculo legal para la posterior convocatoria de este procedimiento negociado sin publicidad, con infracción de los principios de publicidad y transparencia”. El informe de Contas, que detallaba otras irregularidades de la Xunta en la contratación de los helicópteros, fue determinante para reabrir la instrucción, cerrada varias veces por el juzgado. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, las últimas declaraciones en relación con esta causa se tomaron el pasado mes de abril y el titular del juzgado está a la espera de un informe del Seprona que considera complejo para tomar una decisión al respecto.