El Gobierno considera factible que los investigados salgan de prisión

El Gobierno no puede darse por enterado de que el Tribunal Supremo está dispuesto a asumir todas las causas judiciales abiertas contra las autoridades de la Generalitat de Cataluña y de la Mesa del Parlamento, parte de las cuales están ahora en manos de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que ha ordenado el encarcelamiento de los exconsejeros que permanecieron en España. Así es oficialmente.

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En las últimas horas, sin embargo, fuentes gubernamentales trasladan que son conscientes de que el Supremo tiene sobre la mesa esta decisión. A pesar de no ser una situación que suela darse con frecuencia, en este caso sí se podría ajustar a la doctrina de este tribunal, señalan las fuentes consultadas. Si la situación evolucionara en esta línea, el Ejecutivo lo recibiría con satisfacción, indican esas fuentes, aunque cuidándose mucho de hacer la menor manifestación en ningún sentido para no violentar a los jueces. Su esperanza y su expectativa está, no obstante, en que las medidas cautelares de prisión impuestas a ocho miembros del Gobierno depuesto de Puigdemont se levanten. Ya sea al pasar la causa al Tribunal Supremo o porque la propia Audiencia Nacional decida dejar en suspenso las medidas cautelares de prisión ordenadas por la juez Carmen Lamela.

La primera opción, la asunción por parte del Tribunal Supremo de todas las causas, tiene muchas probabilidades de llevarse a cabo, según reconocen oficiosamente en el Gobierno. De ahí la expectación que levanta la segunda comparecencia de los miembros de la Mesa del Parlament este jueves 9 de noviembre en el alto tribunal. Estos pidieron tiempo para preparar su defensa cuando les citaron la semana pasada y les fue concedido, algo que no consiguieron los que fueron a la Audiencia.

En el caso de que el tribunal decidiera quedarse con todas las causas los efectos no serían inmediatos, señalan en fuentes gubernamentales, pendientes de los plazos.

En el caso de que tanto el PDeCAT como Esquerra incluyan a los ahora encarcelados en las candidaturas, como así parece, el Gobierno querría que estos pudieran hacer campaña en plena libertad. Si la causa se mantiene en la Audiencia Nacional, los encausados pedirían salir de prisión y de nuevo la fiscalía tendría que opinar al respecto. En fuentes gubernamentales se confía en que esta vez fuera favorable a la concesión de esa libertad para hacer campaña. También confían en que así sea en el supuesto de que la causa pase al Tribunal Supremo.

El Gobierno no quiere que el fiscal pida prisión para los miembros de la Mesa catalana, encabezados por Carme Forcadell, según fuentes del Ejecutivo. También habría preferido evitar la petición de prisión para el expresidente, Carles Puigdemont, el ex vicepresidente, Oriol Junqueras y los exmiembros del Govern.

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