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El jefe de Seguridad de Renfe alega que nadie le avisó de los riesgos en Angrois

Una técnico que analizó la seguridad en la línea desvela que Adif no contrató el estudio en la curva donde descarriló el Alvia

El director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares, a su llegada a los juzgados de Santiago.
El director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares, a su llegada a los juzgados de Santiago.

El director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, ha asegurado este martes ante el juez del caso Alvia que no fue informado de ningún riesgo en la línea Ourense-Santiago de alta velocidad en la que sucedió el accidente de tren que el 24 de julio de 2013 acabó en Santiago con la vida de 80 personas y causó heridas a otros 144 viajeros. Lanchares ha comparecido como investigado en la causa y, respondiendo solo a las preguntas del instructor, del fiscal y de su defensa, ha alegado, según informan fuentes cercanas al caso, que ni Adif le informó de los riesgos "exportados" al maquinista en la línea ni sus subordinados le comunicaron las denuncias realizadas por el jefe de los conductores sobre el peligro que suponía la curva de Angrois en la que descarriló el Alvia.

La imputación de Lanchares se produjo el pasado 19 de octubre junto a tres técnicos de la consultora pública Ineco, después de que otro de los investigados en la causa, el exjefe de Seguridad de Adif Andrés Cortabitarte, los señalara a los cuatro como corresponsables de los análisis de riesgos que se hicieron en la línea y, en concreto, en la cerrada curva de Angrois donde descarriló el Alvia. El juez investiga si se realizaron los estudios obligados por la normativa y si fueron correctos.

Laura López, la técnico de Ineco que ha declarado este martes, ha desvelado un dato que puede complicar la situación de Adif en la causa, según señalan fuentes judiciales. La imputada, que formó parte del equipo independiente que evaluó los riesgos de la línea para la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias, ha afirmado que Adif solo contrató a la consulta pública para que realizara este análisis hasta el kilómetro 84,100, es decir, hasta justo antes de la curva de Angrois. El tramo de entrada a Santiago en el que descarriló el tren no fue sometido, según este testimonio, a ningún tipo de estudio de seguridad como ha mantenido hasta ahora Adif. "Fue una irresponsabilidad y una imprudencia", ha señalado, Manuel Prieto, abogado del maquinista que conducía el tren accidentado, Francisco José Garzón Amo, sobre el hecho de que la curva no se analizara.

Lanchares ha sido recibido en los juzgados de Santiago por una protesta de la plataforma de víctimas del Alvia, que reclama su destitución como jefe de Seguridad de Renfe. Tras su imputación, la empresa pública no solo ha ratificado a Lanchares en su cargo sino que ha destacado su valía profesional. Renfe ha desvelado incluso que no ha aceptado la renuncia presentada por su directivo, una “dimisión ficticia” que los supervivientes y familiares de los fallecidos en el siniestro han criticado por tratarse de un “teatro” que agrava aún más su "sufrimiento". “Una vez más los responsables de las empresas públicas ferroviarias han manifestado su auténtica cara, despreciando a las víctimas y a la sociedad en general”, denuncian los afectados.

El jefe de Seguridad de Renfe se ha sumado a la lista de investigados en el caso Alvia porque quien fue su homólogo en Adif, Andrés Cortabitarte, aseguró ante el titular del juzgado número 3 de Santiago que, en el momento en el que se tomaron decisiones claves para la seguridad en el tramo donde ocurrió el siniestro, él tenía “idéntico grado de responsabilidad”. El directivo de Adif, que mantiene un alto cargo en la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento pese a su imputación, esgrime que la tarea de evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea “no era una competencia exclusiva de Adif sino compartida con la operadora ferroviaria” y que Renfe, en caso de advertir algún peligro, podría “cuestionar u oponerse a la emisión del preceptivo certificado de seguridad” que emitió la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif.

Dos decisiones clave

Tras revocar la Audiencia Provincial de A Coruña su decisión de sentar solo en el banquillo al maquinista del Alvia por causar de forma “directa e inmediata” el accidente al despistarse por una llamada de teléfono y tomar la curva de Angrois a más del doble de la velocidad permitida, el juez, Andrés Lago Louro, indaga ahora la posible responsabilidad de la Administración en el accidente por la deficiente evaluación de riesgos en la línea de alta velocidad. Las pesquisas judiciales se centran en la incidencia que tuvieron en el descarrilamiento del Alvia dos decisiones tomadas por Adif y Renfe: la evaluación de riesgos que se realizó antes de la puesta en marcha de la línea en 2011, con el socialista José Blanco dirigiendo el Ministerio de Fomento, y la desconexión del sistema de control constante de velocidad ERTMS en 2012, con la popular Ana Pastor en el cargo.

Fue precisamente Lanchares, como jefe de Seguridad de Renfe, quien solicitó de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif que dirigía Cortabitarte la desconexión del ERTMS porque la tecnología fallaba y provocaba retrasos en los trenes. La medida fue autorizada el mismo día que se pidió por Cortabitarte “sin que conste que, con carácter previo, se hubiere realizado una previa evaluación del riesgo que podría representar para la seguridad en la circulación tal desconexión que, si bien en principio se preveía temporal, a la postre se mantuvo durante casi un año y estaba vigente a la fecha del accidente”, según consta en el sumario. Lanchares ha declarado este martes que este apagado no influyó en el accidente porque el sistema convencional Asfa, más antiguo y rudimentario, es mejor que un ERTMS "degradado".

En octubre de 2014 Lanchares declaró en la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para mejorar la seguridad ferroviaria tras la tragedia de Angrois. El jefe de Seguridad de Renfe esgrimió entonces que la línea Ourense-Santiago cumplía cuando descarriló el Alvia “la normativa vigente hasta esos momentos” pero admitió que “desgraciadamente” se comprobó debido al siniestro que “no era la adecuada” y se optó posteriormente por “cambiarla”. En Angrois y en otros puntos con similar peligro del resto de España, se instalaron balizas de frenado automático que hubieran evitado la catástrofe del 24 de julio de 2013.

Salvador Arriaga y Jorge Merino, los otros dos técnicos del Ineco investigados, comparecerán el miércoles ante el juez. Ellos y Laura López, como encargados de realizar el informe de evaluación independiente de la línea Ourense-Santiago, han sido imputados porque Cortabitarte aseguró en su declaración que si hallaban un peligro “que no fuera despreciable” debían comunicar a Adif las “medidas necesarias para conjurar el mismo”. López ha desvelado, sin embargo, que Adif no les encargó estudiar los peligros en la funesta curva de Angrois.

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