Alemania cree que el 21-D permitirá resolver la crisis catalana “en un tiempo razonable”

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue sin apenas aliados en la UE. Alemania ha cerrado este lunes filas con el Ejecutivo español: el ministro de Finanzas en funciones, Peter Altmaier, ha asegurado a su entrada al Eurogrupo que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre "son un signo alentador" y pueden permitir "resolver el problema en un plazo de tiempo razonable". El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha sido aún más directo: "No veo que el Estado de derecho esté siendo violado por las autoridades españolas, más bien creo que quienes no respetan el orden constitucional están violando la ley".

Solo una parte de la política belga —los ministros nacionalistas flamencos de la N-VA y los socialistas valones— han dado hasta hoy muestras de apoyo a Puigdemont y los suyos, al margen de una minoría de los eurodiputados del Parlamento Europeo. La UE, capitaneada por Alemania, cierra filas con Rajoy, aunque en privado varias cancillerías ven con recelo los últimos acontecimientos y llevan semanas pidiendo mesura a las autoridades españolas. La detención del vicepresidente Oriol Junqueras y varios consejeros ha provocado duras críticas en Bélgica: el ex primer ministro socialista belga Elio Di Rupo ha acusado a Rajoy de comportarse como un "franquista autoritario"; el ministro del Interior belga, Jan Jambon, ha reclamado un juicio justo y ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie. La Comisión lo ha hecho, pero en el sentido contrario al que reclaman los nacionalistas flamencos.

En medio de esa presión, Berlín habla alto y claro. El alemán Peter Altmaier (en funciones tras sustituir al todopoderoso Wolfgang Schäuble) ha explicado que "una solución clara basada en la Constitución y el Estado de derecho ayudará a limitar las consecuencias económicas" del desafío independentista. Madrid quita hierro al impacto económico, pero admite que esa cicatriz tendrá consecuencias: el ministro Luis de Guindos ha defendido que el impacto económico del desafío independentista se dejará notar en 2018, con medio punto de PIB menos de crecimiento. Ese medio punto se traduciría en unos 5.000 millones de euros, nada menos. Economía cree que España crecerá por encima del 3% este año, pero ha rebajado el PIB previsto para 2018 al 2,3%. "Sin la cuestión catalana", según Guindos, "el crecimiento sería del 2,7% o el 2,8%".

Guindos ha calificado de "pantomima" y "farsa" el papel de Puigdemont en Bruselas, y ha expresado su confianza "en la absoluta separación de poderes" frente a los ataques del Gobierno catalán cesado y las críticas de los belgas. Poco después, el alemán Altmaier ha subrayado el apoyo de Berlín a "las autoridades democráticamente elegidas en España", y ha reiterado que la gestión del desafío independentista corresponde al Gobierno español y al Parlamento. Berlín mantiene en público esa línea desde hace semanas. En privado, el equipo de la canciller Angela Merkel ha pedido al Gobierno de Rajoy proporcionalidad en todas sus actuaciones, en especial después de las cargas policiales del 1-O, según las fuentes consultadas. Desde entonces la Comisión y el Consejo Europeo han hecho numerosas referencias al uso de la fuerza: "el presidente Donald Tusk ha reiterado su preferencia por "la fuerza de la razón" por encima de "la razón de la fuerza" en sus apariciones públicas, aunque en todo momento ha reclamado a Puigdemont que vuelva al orden constitucional y ha dado su apoyo a Rajoy.

Juncker también da un apoyo sin fisuras a España, frente a quienes han empezado a activar el ventilador de las sospechas sobre la justicia española. Frente a quienes desconfían de que Puigdemont pueda tener un juicio justo en España, el jefe de la Comisión ha manifestado: "Confío en las autoridades judiciales, tanto en las españolas como en las belgas". Frente al no comment de sus portavoces, Juncker es claro: "Lo que ocurre en Cataluña, región española que tiene toda mi simpatía, no concierne a Europa porque las soluciones emanan del orden constitucional y jurídico internos de España".