“Una profesora la obligó a escuchar el grito de independencia”

El Ministerio de Educación ha enviado este viernes un tercer requerimiento a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat en el que denuncia supuestos actos de "adoctrinamiento político de menores" en 24 nuevos centros escolares (14 institutos y 10 colegios), principalmente situados en la provincia de Barcelona. En el documento, a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico, el ministerio reclama a la Generalitat que “depure responsabilidades” en los centros y que “proceda a restaurar los derechos conculcados".

El informe, de 11 páginas, recoge incidencias que hacen referencia a las huelgas de carácter político convocadas por sindicatos estudiantiles en las que, entre otros lemas, había uno del Sindicato de Estudiantes que llamaba a la movilización “contra la represión franquista”. También se incluyen actos para reclamar la libertad y reivindicar a los Jordis [Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los presidentes de ANC y Omnium, en prisión preventiva e investigados por el delito de sedición] o ataques a alumnos por hablar en castellano. Los denunciantes piden anonimato, según el informe, porque "si dices algo, te marcan".

Es el tercer requerimiento que remite el ministerio a la Generalitat, tras los dos enviados el 27 de septiembre y el 6 de octubre, que aún no han tenido respuesta, según el ministerio, mientras la Generalitat señala que sí se ha contestado al primero. En total, cerca de 60 casos recabados de prensa y de denuncias llegadas a la Alta Inspección del Estado en Cataluña, donde hay 5.451 colegios, 1,5 millones de alumnos y 71.000 docentes, según las cifras oficiales de la Generalitat.

En los requerimientos, el ministerio señala posibles incumplimientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Cosntitución o distintas leyes educativas, entre otras normativas.La Generalitat dispone de un mes de plazo para responder, periodo que está a punto de cumplirse en el caso del primer informe. El Departamento de Enseñanza asegura que ya han contestado al primer requerimiento del ministerio. Del segundo todavía tienen plazo de respuesta hasta el 9 de noviembre y sobre el tercero, ha indicado un portavoz, todavía no tienen constancia, informa Jessica Mouzo.

“En algunas clases se manipula información dando charlas de independentismo radical en vez de limitarse a enseñar la materia que le corresponda”, señala el apartado referido a la madre de una menor de 4º de ESO del IES Motserrat Roig, de Terrasa (Barcelona). En el instituto La Plana de Vic (Barcelona), el ministerio incluye un acto en el patio del centro. Al ver una estelada y una pancarta con el texto “Per una Catalunya Lliure i la República catalana”, una menor se marchó al final del patio, según el texto.“Después una profesora la obligó a ella y a sus amigas de 15 años a escuchar el grito de independencia”, prosigue.

En el IES Salvador Espriu, también en Barcelona, un padre informó de que el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes "dieron una charla sobre cómo defenderse de los policías nacionales" el 2 de octubre.

La madre de una aluna de 16 años del IES Can Vilamura, de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), señala que “en la clase una profesora empezó a hablar de la independencia y que los que hablan castellano son unos maleducados y barriobajeros”. En la escuela Reina Violant, en Barcelona, una madre adjunta el acta de la reunión del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) que incluye un párrafo "donde se habla de niños castigados por hablar en castellano en el aula". En la escuela pública intantil de Vall- Llobrega (Barcelona), la madre de una alumna señaló que, según el relato de su hija, la maestra les explicó "que España roba a Cataluña y eso está muy mal", además de fabricar urnas de papel y enseñar "a todos los niños a votar sí".

El ministerio señala que, a los casos expuestos, se suman "muchas" otras denuncias anónimas que no se han podido incluir "por temor de los padres a que señalen a sus hijas o hijos" y añade que tanto el Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Cataluña) como la consejería “han recibido denuncias de padres y madres por politización en las aulas”. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión del Síndic de Greuges.