Moncloa enviará al CNI, al fisco y a la Guardia Civil al centro informático del Govern

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat será uno de los objetivos prioritarios a controlar por parte del Gobierno cuando previsiblemente aplique el artículo 155 de la Constitución el próximo sábado. Moncloa desplegará en la sede de este organismo en L’Hospitalet de Llobregat a expertos informáticos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Civil e inspectores de Hacienda. Serán los encargados de impedir que los independentistas creen una Administración electrónica paralela.

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En las reuniones celebradas durante los últimos días en el Palacio de La Moncloa para trazar los planes del operativo necesario para intervenir la Generalitat se ha coincidido en la especial importancia de controlar el considerado cerebro digital del Govern, el CTTI. Para ello, los inspectores del fisco español expertos en inteligencia informática se centrarán en neutralizar la Agencia Tributaria de Cataluña.

Los integrantes del CNI trabajaran para evitar que la Generalitat se valga de servidores espejos con los que burlar la intervención, como ya intentaron antes y durante de la consulta. La Guardia Civil destinará a los expertos en delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO), que ya tuvieron un papel destacado durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Entonces, estos agentes de la Guardia Civil lograron bloquear durante la mayor parte de la jornada el censo universal que el Govern intentó colgar en Internet para que pudiera ser consultado desde las mesas de votación. También se valora enviar a un equipo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para estrechar la vigilancia sobre las finanzas autonómicas catalanas.

Todo este dispositivo está pendiente de aprobación de La Moncloa, que coordina todos los trabajos para aplicar el 155. La propuesta es que los expertos informáticos de CNI, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil se personen en la sede del CTTI, como ya hizo la UCO durante el referéndum ilegal de orden de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Mercedes Armas. Para las fuentes del Gobierno consultadas, esta es la única forma de asegurar el control real de un organismo con cerca de 240 trabajadores en el que se considera que los independentistas se han hecho fuertes hace tiempo.

De hecho, entre los detenidos por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre dentro de la Operación Anubis contra los preparativos de la consulta, se encontraban Josué Sallent, doctor en Física y dirigente de ERC —quien se había encargado de la planificación estratégica del centro—, así como dos empleados, David Franco y Xavier Puig.

En aquellos registros, los agentes intervinieron un documento en el que se detallaba el plan para la creación de un Estado independiente que no solo estaba ya en marcha, sino que en todo lo relativo al ámbito digital estaba muy avanzado gracias a este organismo. En él, el CTTI aparecía ya como un puntal —junto a la policía autonómica y las infraestructuras básicas— en el desarrollo del día después de una declaración unilateral de independencia. El informe aseguraba que el centro ya estaba equipado para garantizar el manejo de datos en materia “de seguridad, identificación segura de personas y representantes y de servicios telemáticos”.

La llamada de Puigdemont

La estrecha conexión del centro con el Govern se evidenció también el día del referéndum ilegal. Entonces, los investigadores detectaron que el director gerente del CTTI, Joan Angulo, recibió una llamada del propio Puigdemont en el que este le apremiaba a encontrar una solución al bloqueo realizado por la UCO, según confirman fuentes cercanas a la investigación. Aquel día, los guardias civiles detectaron más de medio millar de intentos remotos anónimos para acceder a los archivos bloqueados.

La UCO es la que mejor conoce el centro, ya que tras el trabajo que realizaron in situ el día del referéndum, han acudido en otra ocasión a sus instalaciones. La semana pasada se personaron para buscar los correos electrónicos que el día del referéndum intercambiaron los mandos de los Mossos d'Esquadra en la provincia de Lleida, donde un juez investiga la supuesta inacción de la policía catalana durante la consulta.