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JOSEP PIQUÉ | Exministro y expresidente del PP catalán

“Los Gobiernos de España no han hecho política en Cataluña”

El exministro y expresidente del PP catalán analiza la crisis catalana

Lluís Pellicer
Josep Piqué, en el hotel Eurobuilding.
Josep Piqué, en el hotel Eurobuilding. Inma Flores

Josep Piqué (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1955) ocupó varios cargos en el Gobierno de José María Aznar; fue ministro de Exteriores o Industria. Vivió el debate estatutario como presidente del PP catalán. También fue presidente del influyente lobby empresarial Círculo de Economía.

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Pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Respuesta. Probablemente el mundo independentista ha ido mucho más lejos de lo que pensábamos. Pero la explicación de fondo es que ha habido una ausencia clamorosa de política por parte de los diferentes Gobiernos e instituciones españolas desde hace muchos años, y no responsabilizo a nadie en concreto. No han transmitido a la sociedad catalana el atractivo del proyecto de España. En cambio, el mundo independentista ha tenido una estrategia orientada a la construcción nacional. Tenemos que hacer autocrítica: nos ha faltado contrarrestar esta política.

P. ¿Ha faltado presencia del Estado en Cataluña?

R. El proceso de construcción nacional empezó en 1980 y ha tenido palancas muy eficaces: el sistema educativo, los medios de comunicación públicos y privados subvencionados y la aceptación progresiva de la desaparición de los símbolos del Estado y de España en Cataluña. En muchas zonas viven como si no fueran parte de España. Las responsabilidades son compartidas. Para contrarrestar este proyecto se deberían haber puesto de relieve las ventajas de pertenecer a España.

P. Pero el auge del independentismo no empieza hasta la sentencia sobre el Estatut.

R. El proceso estatutario fue contemplado con extraordinaria indiferencia por la sociedad catalana y votado por una mínima parte del censo. Quienes dicen que se sintieron frustrados seguramente serían incapaces de nombrar un artículo del Estatuto que supusiera una novedad e incluso los que recortó el Constitucional. Muy a menudo los independentistas ganan la batalla de la terminología. Y nos hemos acostumbrado a hablar de recortes cuando se trata de cumplimiento de la ley o de democracia cuando lo único que hay es falta de respeto a la ley. En el terreno terminológico y semántico también hay que dar la batalla.

P. El Govern insiste en negociar. Ha habido ofertas de mediación por parte de instituciones como la Iglesia. ¿Qué le parece?

R. Ellos intentan implantar la bilateralidad entre iguales, como si fueran dos Estados. Con esa hiperinflación de mediadores les diría que pierdan toda esperanza porque el Gobierno nunca aceptará una mediación.

P. ¿Pero ve espacio para la negociación?

R. Siempre hay espacio para el diálogo, con una condición previa: que se recupere el orden constitucional. No se puede negociar con alguien que incumple las reglas de juego.

P. ¿Es partidario de aplicar el artículo 155?

R. Ya se puso en marcha cuando se formuló el requerimiento. Hay el precedente de Canarias pero estamos ante un fenómeno inédito: a un requerimiento hay una respuesta ambigua que pretende alargar en el tiempo todo el proceso para ver si la posición del adversario se va desgastando. Pero el mal ya está hecho y los costes son ya palpables. El más importante es la ruptura de la cohesión de la sociedad catalana. El segundo es que se han malbaratado las instituciones. El Parlament ha hecho cosas manifiestamente ilegales y antidemocráticas y hace un mes y medio que no hay sesión de control porque la mayoría de la Cámara se dedica a otras cosas. El Govern no gobierna salvo para el proceso. Se ha perdido la confianza de muchos ciudadanos respecto a los Mossos d'Esquadra y los medios de comunicación públicos, que son considerados, con razón, absolutamente parciales y partidistas. Hay otro más anecdótico. Como culé convencido, creo que están consiguiendo que el Barça deje de ser un club universal.

P. ¿El 155 debe implicar una convocatoria de elecciones?

R. Aplicarlo para convocar elecciones, si antes no lo hace el president, es una salida muy correcta y que ahora muy mayoritariamente se ve como inevitable. Pero no deben convocarse de forma inmediata, porque la tensión y la emotividad impiden unos comicios. El mejor momento sería el primer trimestre del año que viene. Más allá de las elecciones, el 155 se ha de aplicar para restablecer el orden constitucional. Asumiendo competencias de orden público o justicia debería bastar. No se trata de suspender la autonomía, sino evitar que desde la autonomía se hagan cosas contra el Estatut y la Constitución.

P. ¿Y si se conforma de nuevo una mayoría independentista?

R. El independentismo de hoy no ha conseguido ni una mayoría social ni reconocimiento internacional ni construir un liderazgo. Está condenado al fracaso. Pero hay una mayoría significativa de la sociedad catalana que seguirá pensando que la independencia es una buena opción y habrá que seguir haciendo política. Ahora la política catalana está en un callejón sin salida, y la mejor manera de salir de él es preguntar a los ciudadanos de Cataluña. Y luego respetar lo que digan desde el cumplimiento de la ley.

P. ¿La reforma de la Constitución es una vía?

R. No hay que plantearla como respuesta al independentismo. Puede formar parte de lo que llamamos hacer política, pero debe servir fundamentalmente para adaptarla a las nuevas exigencias de la sociedad. Las constituciones se han de ir adaptando a la realidad. Lo importante es evitar lo que ha sucedido con las 11 constituciones anteriores que hemos tenido, que cambiaban cada vez que cambiaba la situación política, muchas veces de forma traumática. La del 78 es la primera que tuvo un enorme consenso. Si de ese debate salen consensos reforzados, puede ser una buena vía. Pero no para contentar el independentismo, sino porque el conjunto de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, vean que sus responsables políticos son capaces de reformar las instituciones.

P. ¿Tras aplicar el 155 la tensión puede llegar a la calle?

R. Sí. Es una de las grandes inquietudes que hemos de tener. Apelo a la responsabilidad, particularmente de quienes tienen la capacidad de movilización, pero que también ejercen una clara coacción a muchos ciudadanos. Esta revolución de las sonrisas tiene una expresión bastante desagradable.

P. ¿Cómo cree que actuó el Gobierno el 1 de octubre?

R. El Gobierno facilitó que las fuerzas de orden público, ante la inactividad de los Mossos, intentaran aplicar las resoluciones judiciales del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se puede debatir si hubo alguna actuación policial que no se ajustó a la mesura, pero me parece una posverdad hablar de represión generalizada o de 900 heridos, de los cuales solo dos acabaron hospitalizados. Debían ser heridos virtuales.

P. Hay parte del PP que ha dicho que el Gobierno debería haber actuado antes. ¿Está de acuerdo?

R. No hay que llorar por la leche derramada. Hay que esperar que el Gobierno actúe de forma adecuada y que el Senado haga su trabajo. El Ejecutivo hace muy bien en buscar amplias mayorías pese a no necesitarlas. Pero el concurso del PSOE, aparte del de Ciudadanos, es fundamental. No es el momento de centrarnos en eventuales críticas en lo que se podría haber hecho sino en apoyar todo lo que se haga para restablecer la legalidad.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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