El Tribunal de Cuentas da otros 15 días a Mas para completar la fianza por el 9-N

El Tribunal de Cuentas ha dado otros 15 días hábiles al expresidente de la Generalitat Artur Mas para que deposite los 3,1 millones de euros que aún le quedan por consignar de los 5,3 millones de fianza que le reclama este organismo por la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Mas ya entregó la pasada semana 2,2 millones como "garantía" para afrontar su eventual responsabilidad contable en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, a la vez que solicitó más tiempo para reunir el resto del dinero.

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El nuevo plazo dado por el tribunal comenzará a correr a partir de que el expresidente reciba de manera efectiva la respuesta de aceptación de su petición de prórroga, según han aclarado este jueves fuentes de la entidad. Desde el mismo momento en que conoció la fianza millonaria a la que debía hacer frente, y ante el riesgo de que sus bienes fueran embargados, el propio Mas admitió que no podría "hacer frente a estas cantidades" y apeló a la solidaridad de los catalanes.

El pasado 25 de septiembre, el órgano fiscalizador comunicó a Mas que debía depositar una fianza solidaria de 5,250 millones por el gasto ocasionado a las arcas públicas al organizar la consulta ilegal del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Además del expresident, la exigencia de fianza atañe a los otros condenados penalmente por un delito de desobediencia con motivo del 9-N (la exvicepresidenta Joana Ortega; la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; el exportavoz del Gobierno Francesc Homs) y a otros cinco altos cargos del Gobierno catalán.

Mientras, el Tribunal de Cuentas está dispuesto a investigar de dónde provienen los 2,2 millones de euros que ha aportado la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) para satisfacer una parte de la fianza. Los 2,2 millones han sido aportados por la ANC a través de la llamada "caja de solidaridad". No obstante, esta investigación está pendiente de que sea solicitada por la fiscalía o por la Abogacía del Estado.