Rivera presenta una ley para crear una agencia que combata el adoctrinamiento en las aulas
El texto contempla que este órgano inspeccione los centros para "garantizar la neutralidad ideológica"
Ciudadanos ha decidido centrar el foco en la Educación en plena crisis catalana. Menos de 24 horas después de que la formación se quedase sola en el Congreso, donde no encontró respaldo a su moción contra el "adoctrinamiento" en las aulas, Albert Rivera ha vuelto a la carga con la misma idea y ha presentado una propuesta de ley para crear una agencia "independiente" que inspeccione los centros docentes para "garantizar la neutralidad ideológica y política". "La Constitución le confiere al Estado la competencia de supervisar que en nuestras aulas no se adoctrina ni se hace política", ha subrayado este miércoles el líder de la cuarta fuerza política del país.
"Queremos que una autoridad independiente supervise que se cumpla la ley. Esta iniciativa que presentamos es la que no ha hecho el PP y el PSOE con sus mayorías absolutas", ha insistido Rivera sobre un texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que prevé que este nuevo organismo trabaje para comprobar que las escuelas "desarrollan sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto a las opciones religiosas y morales".
El presidente de Ciudadanos ha afirmado este miércoles que, pese al revés el martes del PP y PSOE, confía en que ambas fuerzas le respalden en esta propuesta. "Los populares se abstuvieron, pero los votantes del PP y PSOE están de acuerdo con esto. Estoy convencido de que los populares acabarán rectificando y que los socialistas tendrán un debate", ha insistido Rivera, después de recalcar: "Esta ley nos protege de cualquier ideología en las aulas. Hemos visto cosas muy graves: como gente liberada en horas lectivas para ir a manifestarse ante una comisaría".
"No podemos permitir que algunos metan las manos en las escuelas para manipular", ha remachado Rivera. La propuesta de ley también otorga a esta agencia la facultad de velar por los "derechos lingüísticos" de los ciudadanos.
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