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Ciudadanos se queda solo en su moción sobre el “adoctrinamiento” en las aulas

El PP se abstiene, tras presentar enmiendas rechazadas por el partido de Rivera, y el PSOE y Podemos votan en contra

Encierro en la escuela Diputació de Barcelona, en los días previos al referéndum del 1 de octubre.
Encierro en la escuela Diputació de Barcelona, en los días previos al referéndum del 1 de octubre.

Ninguno de los grandes partidos ha respaldado este martes a Ciudadanos en su moción contra el “adoctrinamiento” en las aulas. En el texto que han defendido en el pleno del Congreso de los Diputados, en el que aluden a Cataluña pero también a Baleares y Comunidad Valenciana, reclaman que la Alta Inspección Educativa “garantice la neutralidad ideológica y política de los centros docentes” y solicita, entre otras peticiones, más dotación para que la Fiscalía “pueda perseguir con diligencia los delitos de odio cuya víctima son los menores de centros educativos”. "Estamos hablando de abuso intelectual de menores", ha señalado el diputado Toni Cantó durante la defensa de la moción.

El PP se ha abstenido tras presentar enmiendas al texto que no han sido recogidas. La diputada popular Elena Bastidas  ha anunciado que presentarán una Proposición No de Ley para "introducir con el conjunto grupos políticos cambios en la ley para mejorar en la inspección educativa" y pide que se incluya en el pacto de Estado por la Educación ahora en negociación. PSOE y Unidos Podemos han votado contra la propuesta, desarrollada en el contexto de la crisis catalana y defendida cinco días después de que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, condenara también en el Congreso el “adoctrinamiento” en “varios centros educativos en Cataluña”.

A los diputados de Ciudadanos se han sumado los votos de UPN mientras la propuesta ha recibido duras críticas del resto de las formaciones, en un ambiente en el que la presidenta de la Cámara ha tenido que mandar callar varias veces y ha recordado que las intervenciones "quedan recogidas para la historia". La moción ha sido rechazada por 164 noes y 122 abstenciones frente a 34 síes.

La diputada Luz Martínez Seijo (PSOE) considera "sensacionalista e irresponsable" la iniciativa, y acusa al partido de Rivera de "un gran desconocimiento de la realidad educativa en este país". "No existen datos ni evidencias", según Martínez Seijo, "de que exista un problema de adoctrinamiento" en Cataluña. "De manera apresurada y poco rigurosa quiere convertir a la Alta Inspección en una especie de policía interna", según la diputada socialista, que ha añadido: "Se han producido casos concretos y criticables que exigen la máxima contundencia".

El diputado Aitor Esteban (PNV) ha acusado a Cantó de "racista y un sectario" y se ha negado a retirar los insultos del acta de sesiones y Joan Mena (Unidos Podemos) le ha espetado desde la tribuna: "Adoctrinan las escuelas del Opus que ustedes protegen con su abstención en los conciertos". "No busquen el auge del separatismo en las escuelas catalanas sino en las nefastas políticas del PP que ustedes apoyan", ha dicho Mena, que ha llamado a los representantes de Ciudadanos "aves carroñeras de la división por cuatro miserables votos".

El ministro Méndez de Vigo anunció el pasado miércoles que su departamento envió un segundo requerimiento el 5 de octubre al departamento de Enseñanza de la Generalitat. En el documento recopila distintas informaciones aparecidas en prensa sobre ataques a alumnos hijos de agentes de Guardia Civil y Policía tras las cargas policiales del referéndum ilegal del 1-O y aulas, como las de un centro de Lleida, donde tres madres de niñas de cuarto de primaria (9 años) denunciaron ante el juzgado de guardia y la fiscalía que los maestros explicaron a los alumnos “que la Guardia Civil es mala y pega a la gente”.

Méndez de Vigo amenazó con acudir a los tribunales —si no recibe respuesta el plazo es de un mes— y la Generalitat replicó que las acusaciones son “infundadas”. El primer requerimiento es del 27 de septiembre.

Ciudadanos instaba también en su moción a exigir "responsabilidades disciplinarias" a los directores y profesores "por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista". Y que los denunciantes “disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato”.

En la práctica, su propuesta supone que la Alta inspección asuma parte de las funciones que corresponden a los inspectores regionales. Este cuerpo dispone de dos o tres funcionarios por comunidad autónoma a las órdenes del Ministerio de Educación, según distintas fuentes consultadas por este periódico, por lo que también requeriría un aumento de efectivos.

“Sería como crear una inspección paralela a la actual, no tiene sentido doblar lo que ya existe”, sostiene Jordi Roca, presidente de la Asociación de Inspectores de Educación en Cataluña (AIEC), que re chaza adoctrinamiento en las aulas catalanas. “Si alguien se queja de situaciones puntuales, el caso se investiga, tal y como se ha hecho siempre”, añade Roca.

El PP presentó enmiendas que rebajan el contenido y el alcance del texto, algo que Ciudadanos no ha aceptado al entender que “lo que pretenden es descafeinar” su iniciativa. En la propuesta alternativa, los populares solicitan que se refuerce la participación de la Alta Inspección “ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia los tratados internacionales”.

El texto alternativo del PP, en línea con lo que defendió Méndez de Vigo hace una semana, preveía ampliar las funciones de la Alta inspección en la revisión de los currículos, los libros de texto y los “derechos lingüísticos de los alumnos”. No contempla más dotación para la fiscalía, aunque sí contempla potenciarla para que persiga los delitos de odio que afecten a menores, y elude la parte en la que Ciudadanos reclamaba el anonimato de los denunciantes, así como exigir responsabilidades disciplinarias a directores y profesores.

La moción de Ciudadanos se hacía eco también de una denuncia que presentó en mayo el sindicato AMES sobre los libros de texto, en la recogían quejas de maestros de primaria y de profesores de secundaria, que aseguraron que los manuales que manejaban para las clases "incluían planteamiento que defienden partidos políticos pero no la Constitución". Educación anunció entonces un informe “detallado y urgente” a la Alta Inspección, que no ha trascendido cinco meses después.