Incentivos para evitar el desastre

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El suicidio es la tentación final. Cumplir a rajatabla el compromiso sin que importe el precio a pagar. Es una variante de la destrucción mutua asegurada, aunque en este caso la mayor destrucción la sufrirán Cataluña y los catalanes, que perderán la autonomía después de haber tirado a la basura su capitalidad económica. En el fondo, es una desgraciada filosofía de la acción política emparentada, aunque sea lejanamente, con el yihadismo.

Puigdemont ha dado muestras suficientes de que está dispuesto a tirarse por la ventana si da réditos a su idea de independencia. En su cálculo inicial está la idea de que solo amenazando con el arma letal última será posible obtener alguna ventaja por pequeña que sea. Visto ahora que nada podrá obtener, solo le queda el sacrificio que sirva de siembra para el futuro, como hicieron los insurrectos irlandeses en la Pascua de 1916: quince de sus dirigentes fueron fusilados pero tres años después ya existía el Estado independiente. En este caso los sacrificios podrían ser la cárcel o como mínimo las inhabilitaciones y las multas, pero a efectos prácticos jugarían un papel similar.

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Humillados y ofendidos

Sobre los inconvenientes de la DUI

El objetivo de la DUI, por tanto, no es obtener ahora el Estado independiente, sino producir el mayor daño posible a la economía española y obtener una represión generalizada que haga más honda la herida y más evidente la humillación de los independentistas hasta generar una reacción e incluso una ampliación de la base de sus seguidores. El inconveniente de este paso tan arriesgado es que significa perder las instituciones de autogobierno y corre el peligro de encontrarse con una reacción de signo contrario, del estilo que sucedió en Francia después de la revuelta de Mayo de 1968, con sus correspondientes efectos electorales adversos.

Quienes desean un victoria absoluta sobre el independentismo preferirán incluso este escenario, que da la oportunidad de liquidar al nacionalismo catalán para una generación, aunque a su vez contiene sus riesgos, como puede ser dejar una siembra de resentimiento entre los más jóvenes, con la eventualidad de que llegue a reflejarse en el reforzamiento de los comportamientos antidemocráticos e incluso violentos.

Los partidarios del suicidio están encontrando en las últimas horas con la resistencia de quienes promueven una tregua o un alto el fuego (Andreu Mas Colell, Santi Vila, Toni Castells), porque valoran el mantenimiento de las actuales instituciones de autogobierno, temen la falta de apoyos exteriores y consideran que el movimiento necesita todavía reforzarse y ampliar su base. La estampida empresarial ha reforzado esta posición, aunque no ha hecho mella en los revolucionarios de la CUP ni siquiera en parte de los economistas indiburgueses, partidarios de convertir a Cataluña en un paraíso fiscal fuera del euro y de la UE. Pero de otra parte la multitudinaria manifestación de Sociedad Civil, aunque ha alertado a los moderados, probablemente ha reforzado a los más radicales.

Cabe imaginar el grado de tensión interior en el núcleo dirigente del Procés, oscilando entre el suicidio y una rendición más o menos maquillada. No sirven las opciones intermedias, como una supuesta DUI blanda, diferida o meramente aplazada, porque a estas alturas Rajoy se la tomará exactamente igual como una DUI dura. Ante este callejón sin salida, quienes pretenden actuar como mediadores o facilitadores del diálogo están pensando en la búsqueda de algún incentivo para que Puigdemont renuncie a la DUI.

La posición de Ada Colau lo expresa de forma explícita: ni DUI ni artículo 155. Puigdemont debe comprometerse a retirar la DUI y Rajoy a no aplicar el artículo excepcional de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. Tiene un inconveniente y es que Rajoy no ha aplicado el 155 y tampoco ha manifestado intención alguna de hacerlo, pero es dudoso que pueda comprometerse a no aplicarlo sin la retirada previa de la DUI. Si acaso, podrían hacerlo simultáneamente: uno, Puigdemont, entregar la única arma de disuasión que le queda, que es la DUI, y el otro, convertir en un compromiso su línea de renunciar al artículo 155.

Hay que reconocer que es muy difícil encontrar incentivos para que un chantajista suelte el arma de su chantaje, a pesar de que esté dirigida fundamentalmente a su propia cabeza. El problema entonces es encontrar un incentivo para que Puigdemont abandone la DUI sin que el precio a pagar sea moral y jurídicamente inaceptable. Esta es la cuestión que deberá ocuparnos en las horas que quedan antes del desastre.

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