CSIF exige a Justicia concursos de traslado por el temor de funcionarios en Cataluña

El presidente del sector de Justicia del sindicato CSIF, Francisco Lama, ha denunciado este lunes en el Congreso de los Diputados la situación de incertidumbre que vive el colectivo en Cataluña como consecuencia del proceso independentista. En su intervención en la Comisión de Justicia, en la que participan otros representantes sindicales, ha asegurado que “funcionarios de Justicia” que trabajan en Cataluña han trasladado al sindicato su preocupación ante la virtual desconexión de Cataluña del Estado español y que estos trabajadores le han solicitado que exija al Ministerio de Justicia que abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes de resolver “dado que muchos se plantearían abandonar la comunidad autónoma en un futuro inmediato”.

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Ante la situación, el sindicato ha remarcado su posición en defensa del mantenimiento del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto y ha lanzado “un mensaje de tranquilidad” para los trabajadores, por los que se ha comprometido a velar por su seguridad jurídica y ha asegurado contar con garantías por parte del Gobierno sobre la protección de los empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat.

Según ha referido, Cataluña posee, además, los mayores índices de temporalidad de España en el sector, por encima del 20%. La Generalitat renunció en año pasado a crear 509 plazas para estabilizar funcionarios y el sindicado considera que este año, en medio del conflicto, tampoco lo hará. "La Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de cuerpos nacionales con plaza fija", ha añadido.

En el turno de intervención de los grupos, Ciudadanos ha compartido la preocupación de los trabajadores de la Justicia en Cataluña, apuntada por CSIF, y ha pedido al sindicato que les trasladara la solidaridad y el reconocimiento del partido y el convencimiento de que "la situación revertirá".

El resto de participantes (en representación de STAJ, CC OO, FESP-UGT) han centrado su intervención en los problemas que arrastra la Justicia y que lastran su eficiencia: falta de independencia, lentitud y carencia de personal, así como la sobrecarga de trabajo, escasez de juzgados, medios o irregularidad del desarrollo tecnológico. Información que los grupos aprovechan en la comisión para elaborar un dictamen que trate de corregir errores en el sistema. El PP ha admitido problemas "porque ha habido que hacer recortes", pero no ha compartido el retrato negativo que han efectuado los sindicatos sobre la Justicia.