El Senado insta a atender a 7.000 pensionistas abandonados por Maduro

La Comisión de Exteriores del Senado ha instado este miércoles al Gobierno a “promover y participar, a través de los instrumentos de la asistencia social, como convenios y acuerdos con las Administraciones locales y autonómicas”, en la atención a los más de 7.000 jubilados venezolanos residentes en España que no cobran sus pensiones desde diciembre de 2015 y se encuentran en la indigencia.

La moción, promovida por Coalición Canaria, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, salvo Unidos Podemos. La senadora de Catalunya Sí que es Pot Sara Vilà, que inicialmente había anunciado su abstención, votó finalmente en contra, alegando que en el texto definitivo ya no se pedía “dialogar” con el Gobierno venezolano para resolver este problema, sino “seguir manteniendo las reclamaciones” para hacer cumplir el convenio bilateral de Seguridad Social. Vilà, que defendió la actuación del régimen de Maduro, concluyó “el Gobierno español no está en este momento en condiciones de dar lecciones a ningún otro gobierno”.

El senador Pablo Rodríguez Ceja, de la Agrupación Herreña Independiente, desligó su iniciativa del debate político y puso el acento en la “dramática e injusta situación” de miles de jubilados, muchos de ellos españoles de ida y vuelta que trabajaron toda su vida en Venezuela y se ven ahora obligados a vivir de la caridad. Su moción pedía que la Seguridad Social les adelantase con carácter transitorio la pensión mínima, como se hace con otros jubilados que no llegan a dicho importe, reclamándole posteriormente su devolución al Estado venezolano, pero el PP rechazó la propuesta, alegando que la ley no lo permite.

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Fuentes de Exteriores aseguran que la legislación solo contempla el pago de complementos cuando la pensión no llega al mínimo, pero no en caso de impago de la misma, y que ni siquiera se dispone de información oficial sobre el monto de las pensiones o el número exacto de beneficiarios.

El origen del problema está en que los jubilados venezolanos en el exterior cobraban sus pensiones en base al cambio preferencial (unos 11 bolívares por euro), pero la hiperinflación y la devaluación del bolívar (que se cambia en el mercado oficial a 3.000 bolívares por dólar y en el negro a 28.000) llevaron al régimen de Maduro a suspender el pago de las pensiones en vez de reajustarlas.

Aunque el convenio bilateral en vigor desde 1990 prevé que las discrepancias se resuelvan por vía diplomática, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no ha respondido a los requerimientos que le ha hecho su homóloga española.

Los jubilados venezolanos, la gran mayoría con nacionalidad española, se han tropezado con un problema añadido: como sobre el papel son beneficiarios de pensiones, aunque no las cobren, no pueden acceder a la renta mínima de inserción.

Pedro Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados Venezolanos en España, expresó ayer a EL PAÍS su agradecimiento a los grupos del Senado por la aprobación de esta iniciativa y lamentó que Podemos no la secundara. “Lo importante”, agregó, “es que el Gobierno también se implique y no solo las comunidades autónomas y Ayuntamientos”.

Según Ontiveros, profesor universitario de 72 años, la situación del colectivo “es crítica”, no solo por la falta de los recursos que obliga a recurrir a la caridad de la Iglesia o la Cruz Roja, sino por la angustia que provoca la incertidumbre sobre su futuro. “Hemos escrito a todas las instituciones venezolanas y nos han contestado con un silencio sepulcral”, se lamenta.