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La consejera cesa a los directores y asume el mando de los colegios

El Govern quiere garantizar su apertura y eximir de cualquier responsabilidad a los directores.

Un hombre ayuda a cargar cajas dentro del colegio de primaria Collaso i Gil, una de los colegios electorales designados para el referéndum.
Un hombre ayuda a cargar cajas dentro del colegio de primaria Collaso i Gil, una de los colegios electorales designados para el referéndum. AP

Ponsatí firmó ayer una resolución mediante la cual, como titular del Departamento, asume la responsabilidad de los centros educativos. Esta actuación, explica en el documento, responde “a la situación excepcional que vive la sociedad catalana que afecta al conjunto de la Administración de la Generalitat”. Con esto, sigue la nota, se pretende garantizar la “eficacia, eficiencia y coordinación de la actuación administrativa”.

La medida afecta a todos los centros escolares públicos que gestiona el Departamento de Enseñanza, sean colegios electorales mañana o no. En el aire quedan, no obstante, algunas escuelas e institutos concertados —propiedad de órdenes religiosas como los jesuitas, por ejemplo— que están previstos como colegios electorales pero no están incluidos dentro de esta resolución.
La consejera Bassa, por su parte, también firmó otra resolución similar en la que asume el control de unos 50 centros cívicos y albergues propiedad de la Generalitat, que el Govern prevé utilizar como lugares de votación el domingo. Los responsables de estos centros cívicos son trabajadores del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y, con la medida, la consejera del ramo asume cualquier responsabilidad jurídica por abrir los colegios electorales.

Fuentes del Govern matizaron ayer que no se trata de destituciones o ceses. El término jurídico empleado por las dos consejeras en las resoluciones es “avocar”. Esto es, que los directores de los colegios y los responsables de los centros cívicos se mantienen en sus cargos pero exentos de sus funciones, que quedan en manos de las titulares de Enseñanza y Trabajo, respectivamente.
En unas resoluciones idénticas, que tienen fecha de caducidad el lunes a las siete de la mañana, las consejeras justifican su dictamen apelando a la ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña. En su artículo 9, la norma recoge que los órganos administrativos superiores pueden avocar las funciones de estos cargos cuando “circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente”.

Resolución no válida

Sin embargo, el Ministerio de Educación salió ayer al paso de la decisión de Ponsatí y advirtió de que la resolución firmada por la consejera no es válida. Para empezar, porque esa avocación no se explica bajo ninguna de las razones recogidas en las normas. “En este caso no concurrirían las circunstancias que justifican la avocación. Por lo tanto, se habría dictado en flagrante fraude de ley y con absoluta ausencia de motivación”, zanja el ministerio en un comunicado.

Educación señala, además, falta de concreción en los motivos alegados por Ponsatí para dictar la medida. “La resolución firmada por la Generalitat no se refiere a una competencia concreta, ni identifica quiénes son los órganos afectados —presuntamente los directores de los centros— ni las potestades que dejan de ejercer —la autorización de uso de los centros docentes—”, critica el ministerio. Las competencias a las que apela el Govern son aquellas “que tienen atribuidas las personas responsables de los equipamientos educativos”, una redacción que Educación tilda de “imprecisa”. “Estos términos genéricos son incompatibles con la naturaleza de la avocación y su regulación jurídica”, agrega el ministerio.

Con ese argumentario, el Gobierno central insistió en la invalidez de la resolución. Esto implica, por tanto, que los directores de los colegios seguirían teniendo la responsabilidad de lo que suceda en sus centros mañana: “A pesar de la presunción de validez de los actos administrativos, la nulidad de pleno derecho de la resolución de avocación determinaría que los directores de los centros no quedarían exentos de responsabilidad (penal o de cualquier otro tipo) por las actuaciones relacionadas con la organización del referéndum ilegal”.

La federación de educación del sindicato CC OO, que junto a UGT habían puesto en tela de juicio las garantías jurídicas dadas por el Govern a los directores de los colegios, ha valorado “el cambio de actitud de la consejera Ponsatí”. “No es lo que nosotros queríamos porque no es la misma protección que tiene, por ejemplo, la sindicatura electoral, pero a estas alturas es lo máximo que podemos conseguir”, reconoció Manel Pulido, de CC OO.

El sindicalista aseguró que la medida “no tranquiliza completamente”, pero va “en la línea” de lo que ellos pedían, que era el cese de todos los directores de forma temporal, tal y como hizo hace unos días el consejero de Salud, Toni Comín, con los presidentes de los consorcios y empresas públicas sanitarias para garantizar que los médicos y enfermeros de guardia el domingo pudiesen votar.

 

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